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Patentes: la adhesión al PCT avanza con una reserva que divide aguas en el Senado

El Congreso argentino dio un paso histórico hacia el PCT, pero la inclusión de una reserva clave reabre el debate sobre patentes farmacéuticas. ¿Qué implica esta decisión para la industria local y los precios de los medicamentos? Te lo contamos en detalle.

Autor
Editorial

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La Cámara de Diputados aprobó este jueves la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un paso largamente esperado que, sin embargo, no cierra el capítulo legislativo. Con 147 votos a favor y 93 en contra, la iniciativa avanzó pero con una modificación sustancial: una reserva al Capítulo II que obliga a que el proyecto regrese al Senado para su revisión. Esta decisión, impulsada por los laboratorios nacionales, pone sobre la mesa un equilibrio delicado entre la integración internacional y la protección de la industria local.

El trasfondo de esta votación no es menor: después de 28 años de espera, el país busca incorporarse a un sistema que simplifica los trámites de patentes a nivel global. Pero la reserva aprobada en Diputados no es un detalle menor, sino una señal clara de que el Congreso quiere preservar la soberanía en la evaluación de solicitudes, especialmente en el área farmacéutica, donde las consecuencias pueden sentirse directamente en el bolsillo de los pacientes.

Un tratado con historia y una promesa de modernización

La relación de Argentina con el PCT viene de lejos. El país firmó el tratado en 1970 y el Senado dio su visto bueno en 1998, durante el gobierno de Carlos Menem, pero el proceso quedó truncado. Recién con la gestión de Javier Milei, y en el marco de las negociaciones con Estados Unidos, el expediente volvió a tomar impulso, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que lidera Federico Sturzenegger.

Para el oficialismo, la adhesión es una deuda pendiente que coloca a la Argentina en sintonía con los 158 países que ya utilizan el sistema. La diputada Juliana Santillán, miembro informante, defendió la iniciativa como una herramienta para modernizar el régimen local y reducir costos para investigadores y pymes. Sin embargo, la oposición no se quedó atrás en sus críticas, apuntando tanto al contenido del tratado como al contexto político en el que se retomó.

Qué es el PCT y por qué importa

El PCT no crea una patente mundial, sino que simplifica la primera etapa del proceso para quienes buscan proteger una invención en varios países. En lugar de presentar solicitudes separadas en cada oficina, se puede realizar una única solicitud internacional que luego sigue su curso en los países elegidos. Para los actores locales, esto significa menos costos, menos tiempos y menos burocracia.

Pero hay un punto que los defensores del tratado remarcan con énfasis: la adhesión no elimina la potestad de cada Estado para decidir si concede o no una patente. La palabra final siempre recae en la autoridad nacional, en este caso el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Santillán fue contundente al afirmar que el tratado “no concede patentes internacionales ni limita la soberanía de los Estados”.

El Capítulo II: el corazón del conflicto

El nudo de la discusión se concentró en el Capítulo II del PCT, que contempla un examen preliminar internacional y habilita el uso de informes técnicos no vinculantes elaborados por oficinas extranjeras. Los laboratorios nacionales, con la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA) a la cabeza, advirtieron que estos informes podrían influir de manera indebida en las decisiones del INPI, abriendo la puerta a la protección de medicamentos ya existentes mediante modificaciones menores.

El temor del sector es concreto: si se facilita la aceptación de criterios internacionales, se podrían extender los períodos de exclusividad sobre productos que ya están en el mercado, demorando la llegada de genéricos y reduciendo la competencia. Esto, a la larga, impactaría en los precios que pagan los pacientes y el sistema de salud. La reserva aprobada en Diputados busca justamente evitar ese escenario, preservando la capacidad de evaluación local.

La postura de la industria nacional es clara: aprovechar las ventajas administrativas del PCT sin resignar las herramientas propias para evaluar qué invenciones cumplen los requisitos de patentabilidad. En un país con un sector productivo local que compite con multinacionales, esa capacidad de decisión es vista como un activo estratégico.

Las voces en contra y los desafíos pendientes

La oposición no se limitó a cuestionar el contenido del tratado. Santiago Cafiero, de Unión por la Patria, sostuvo que la adhesión es parte de las concesiones hechas a Estados Unidos sin una reciprocidad equivalente: “Estamos dando concesiones y del otro lado no hay nada”, disparó. Por su parte, Pablo Yedlin puso el foco en la capacidad del INPI, advirtiendo sobre la responsabilidad de sus trabajadores al decidir sobre derechos de propiedad intelectual que pueden involucrar millones de dólares.

Este último punto introduce una cuestión que trasciende al PCT: la calidad del sistema de patentes depende de la capacidad técnica y los recursos del organismo encargado de aplicarlo. Sin eso, cualquier tratado, por bueno que sea, puede quedar cojo en la práctica.

Un equilibrio que aún no se cierra

El resultado de Diputados deja una situación inédita: la Argentina avanza hacia el sistema internacional de patentes, pero con una reserva que protege los intereses de la industria farmacéutica local. No es un rechazo al tratado ni una aceptación incondicional; es un intento de encontrar un punto medio entre la apertura global y la defensa de la producción nacional.

Ahora, el Senado tendrá la última palabra. Si convalida la reserva al Capítulo II, el país completará el proceso de adhesión bajo esas condiciones. Si no, el proyecto podría volver a quedar en un limbo legislativo. Después de 28 años, la decisión final está más cerca que nunca, pero el debate de fondo sigue abierto: cómo equilibrar la protección de la innovación con el acceso a medicamentos a precios competitivos.

La reserva aprobada en Diputados es un mensaje claro: la apertura al sistema global de patentes no debería implicar resignar todas las herramientas de evaluación y control. El desafío ahora es que el Senado acompañe esa visión, y que el sistema resultante sea lo suficientemente sólido para proteger tanto a los innovadores como a los consumidores.

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Editorial