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Los cuadernos secuestrados como evidencia en la causa que investiga irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad contienen referencias a un empresario cuya trayectoria comercial se extiende a través de distintas gestiones gubernamentales. Se trata de una figura que, según análisis de especialistas en corrupción administrativa, funcionaría como articulador de negocios en la órbita del Ministerio de Salud, desde el gobierno anterior hasta la administración actual.
Este empresario es accionista de varias compañías dedicadas a servicios tecnológicos y digitales para el Estado. Su empresa más relevante se especializó en soluciones informáticas para organismos públicos. Durante agosto de 2020, bajo la gestión del Frente de Todos, obtuvo una contratación directa por más de 23 millones de pesos para digitalizar expedientes administrativos de pensiones por invalidez. Dos meses después, accedió a otro contrato para servicios similares en la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo regulador de obras sociales. En 2021, la misma institución le adjudicó un nuevo servicio valuado en casi 60 millones de pesos.
La trayectoria de este empresario en el sector salud se fortaleció gracias a vínculos con funcionarios de larga data en la administración pública. Entre ellos destaca un funcionario que ocupó cargos directivos en importantes obras sociales y que posteriormente fue designado en la Superintendencia de Servicios de Salud en mayo de 2021. Ambos comparten antecedentes laborales en la misma obra social mercantil, la más grande del país, administrada por un sindicalista de larga trayectoria. Además, el empresario posee operaciones agroindustriales en San Juan, provincia de origen del funcionario mencionado.
Las conexiones se profundizan cuando se analiza el aporte del empresario a campañas electorales. Medios especializados revelaron que fue uno de los contribuyentes más significativos a la campaña del Frente de Todos. Esta información adquiere relevancia cuando se examina una decisión tomada tres días antes del cambio de gobierno: la autorización de un subsidio de más de 3.300 millones de pesos a una obra social de trabajadores rurales. El funcionario que autorizó este desembolso fue el mismo que había facilitado los contratos anteriores.
Con acceso a sistemas informáticos que gestionan información sensible sobre medicamentos y tratamientos de alto costo en obras sociales, el empresario habría obtenido contratos millonarios mediante adjudicaciones directas. Uno de estos acuerdos involucraba la provisión de medicamentos para hemofilia a obras sociales sindicales. Este nivel de acceso privilegiado a datos críticos del sistema de salud genera interrogantes sobre potenciales conflictos de interés.
La investigación judicial también identifica patrones similares en la gestión actual. Un director de la Andis bajo la administración libertaria habría operado de manera comparable, recibiendo instrucciones de un profesional médico sin cargo oficial. Este patrón sugiere continuidad en prácticas de intermediación y decisiones discrecionales que favorecerían a proveedores específicos.
Antes de incursionar en salud, el empresario ya contaba con contratos estatales significativos. En 2014, durante la presidencia de Cristina Kirchner, obtuvo adjudicaciones directas por más de 226 millones de pesos para servicios relacionados con pasaportes electrónicos. El entonces ministro de Interior que autorizó estos contratos posteriormente trabajó para la empresa del empresario, comenzando en 2020. Cuando se le consultó sobre esta aparente incongruencia, el exfuncionario argumentó que los contratos se otorgaron mediante procesos licitatorios y que su incorporación posterior a la empresa fue laboral, sin implicancias éticas.
El exfuncionario también aparece mencionado en los cuadernos secuestrados, aunque niega conocer al empresario. Sugiere que las referencias podrían vincularse a un préstamo internacional no concretado que la empresa intentó gestionar. Tanto el empresario como el exfuncionario no figuran formalmente en la causa judicial, apareciendo solo en anotaciones que fueron incorporadas como prueba.
Cuando fue contactado para comentarios, el empresario no respondió llamadas ni mensajes. Según relatos indirectos, habría manifestado que las consultas deberían dirigirse a otros involucrados en las investigaciones.
El avance de la causa genera tensión en círculos gubernamentales. Aunque desde la administración actual se intentó minimizar su impacto, la investigación expone conexiones incómodas entre funcionarios libertarios y figuras empresariales cuestionadas. Las ramificaciones del escándalo apenas comienzan a desplegarse, con potencial para alcanzar niveles superiores de la estructura administrativa.
