Compartir
La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) puso el grito en el cielo ante una movida recaudatoria de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. El objeto de la discordia es el Tributo Económico Municipal (TEM), una figura que, según la entidad, esconde un impuesto a las ventas que viola la legislación vigente y que, de prosperar, podría sentirse en el bolsillo de los pacientes.
La discusión de fondo no es menor: el municipio pretende cobrarle el TEM a compañías que no tienen ni un local ni presencia física en su ejido, pero que generan ingresos por ventas en esa jurisdicción. Una lógica que, para CILFA, es un verdadero despropósito.
¿Tasa por servicio o impuesto encubierto?
El TEM está en los papeles desde 2010, pero durante años solo se les aplicó a quienes tenían un comercio habilitado en la ciudad. Recién ahora, el municipio comenzó a reclamarle al sector farmacéutico, incluso con ajustes por supuestas deudas de períodos anteriores. La CILFA sostiene que esto es, en la práctica, un “impuesto a los ingresos brutos municipal”, algo que choca de frente con la Ley 23.548 de Coparticipación Federal.
La diferencia es clave: las tasas municipales legítimas están atadas a un servicio concreto y efectivamente prestado al contribuyente. El TEM, en cambio, grava la actividad económica y las ventas, aunque la empresa no tenga un solo ladrillo en la ciudad. Algo que, según la cámara, no se ve en los municipios de Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe.
El antecedente que complica al municipio
El reclamo de CILFA no es un simple tirón de orejas. Se apoya en un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un caso casi calcado: “Refinerías del Norte S.A. c/ Municipalidad de Banda de Río Salí” (2025). En esa oportunidad, el máximo tribunal consideró arbitrario el criterio de la justicia provincial que avalaba un tributo similar, justamente por no respetar los límites de la coparticipación federal.
El dato no es menor: el tributo de Banda de Río Salí tiene una configuración prácticamente idéntica al TEM que ahora quiere cobrar San Miguel de Tucumán. Con ese respaldo, la industria farmacéutica salió a cruzar la medida con dureza.
El riesgo de que el costo lo pague la gente
Más allá de la pelea jurídica, CILFA pone el foco en una consecuencia concreta: un nuevo costo tributario sobre las ventas puede trasladarse a la estructura de costos de los medicamentos y, finalmente, impactar en el consumidor final. En un contexto donde el acceso a los remedios ya es una preocupación, la advertencia cobra especial relevancia.
La entidad fue contundente: “Esta insólita pretensión recaudatoria de la Municipalidad de Tucumán impacta directamente sobre los precios de los medicamentos en esa jurisdicción”. Y remató con un pedido claro a las autoridades locales para que revisen la medida y no generen mayores costos a la población.
El conflicto, en definitiva, trasciende a los laboratorios y expone una tensión de fondo: hasta dónde puede llegar la autonomía municipal para recaudar sin chocar con el sistema federal y sin castigar un bien tan esencial como los remedios.
