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Una trabajadora del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) con casi una década de trayectoria en la institución enfrentó un proceso judicial que expuso una trama de engaños sistemáticos hacia sus propios colegas. Lo que comenzó como denuncias aisladas de compañeros desembocó en una condena penal y ahora ha trascendido al ámbito administrativo municipal, donde se evalúan consecuencias adicionales para su continuidad laboral.
María Soledad Curtti, de 39 años, fue condenada por el Juzgado Correccional N°4 a dos años y medio de prisión con ejecución condicional tras un acuerdo de juicio abreviado. La sentencia incluye el cumplimiento de reglas de conducta específicas durante el período de condicionalidad establecido por el tribunal.
El esquema fraudulento que tejió Curtti se basaba en una propuesta aparentemente atractiva: convencer a diez empleados del SAME para que invirtieran dinero en un fondo que supuestamente generaría ganancias mensuales del quince por ciento. Los afectados entregaron fondos tanto en moneda local como extranjera, confiando en las promesas de retorno económico.
Los números del fraude revelan la magnitud de la operación ilícita:
- Aproximadamente nueve mil dólares estadounidenses
- Más de dos millones de pesos argentinos
- Período de captación: septiembre de 2020 a julio de 2021
Ninguno de los inversores recibió las ganancias prometidas. Cuando los compañeros comprendieron que habían sido engañados, presentaron denuncias ante la Justicia, iniciando así el proceso que culminó en la condena penal.
La administración municipal no se limitó a la sentencia judicial. La secretaria de Salud, Viviana Bernabei, dispuso la apertura de un sumario administrativo una vez que la condena quedó firme. Este procedimiento representa un camino paralelo al penal, enfocado específicamente en evaluar si la conducta constituye también una falta disciplinaria según las normativas que rigen el empleo público municipal.
El sumario busca determinar si existe una vulneración de deberes inherentes al desempeño del cargo público, considerando que los hechos ocurrieron en el contexto de una relación laboral dentro de la propia estructura municipal. Las sanciones administrativas pueden ser independientes de la condena penal y abarcan desde apercibimientos hasta la cesantía.
La fundamentación del procedimiento disciplinario enfatiza un principio fundamental del servicio público: los empleados municipales deben mantener una conducta ejemplar tanto en su ámbito laboral como en su vida privada. Esta exigencia responde a la necesidad de preservar el prestigio institucional y garantizar el correcto funcionamiento de la administración pública.
El sumario administrativo ahora en curso evaluará todos estos aspectos y determinará qué medida disciplinaria corresponde aplicar, en un proceso que podría resultar en la desvinculación de Curtti del servicio municipal.
