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Un fallo judicial de relevancia institucional acaba de poner límites al accionar estatal en materia de financiamiento de servicios de salud. El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba resolvió íntegramente a favor de una acción de amparo colectiva, estableciendo que tanto PAMI como el programa Incluir Salud deben normalizar y mantener al día los pagos de prestaciones sanitarias básicas destinadas a personas con discapacidad beneficiarias de pensiones no contributivas.
La sentencia, dictada por el juez Miguel Vaca Narvaja, constituye un pronunciamiento contundente sobre los derechos fundamentales de un sector vulnerable. El magistrado fue explícito al señalar que el Estado no puede justificar incumplimientos invocando razones presupuestarias cuando se trata de obligaciones elementales hacia colectivos protegidos constitucionalmente. El fallo documenta atrasos que superan los cinco meses en la cancelación de servicios ya prestados, situación que se perpetuaba desde diciembre del año anterior.
Lo particularmente significativo de esta resolución radica en su alcance. Al tratarse de un amparo con carácter colectivo, la sentencia protege a miles de beneficiarios en circunstancias similares, no solo a quienes promovieron la acción. Esto implica que la decisión judicial resguarda la viabilidad económica de hogares, centros de atención diurna y profesionales que trabajan en el sector de discapacidad, quienes dependían de estos pagos para mantener sus operaciones.
La abogada Marta Lastra, referente en temas de discapacidad de la organización Defendamos Córdoba, fue quien impulsó esta acción judicial. Su estrategia de plantear el amparo con alcance colectivo permitió transformar un reclamo individual en una protección sistemática para todo el colectivo afectado.
En sus considerandos, el juez Vaca Narvaja desarrolló una argumentación que trasciende lo meramente administrativo. Enfatizó que la asistencia integral a la discapacidad constituye una política pública del país y que los derechos vinculados al acceso a prestaciones sanitarias no pueden ser meramente formales. Según la sentencia, el goce efectivo de estos derechos es lo que permite a las personas con discapacidad desarrollar plenamente su autonomía moral, base fundamental de la dignidad humana que debe ser protegida por los tribunales.
El magistrado fue categórico respecto a las responsabilidades que genera el incumplimiento. Advirtió que persistir en la conducta omisiva generará responsabilidades civiles y penales para quienes ejecuten estas decisiones arbitrarias. Asimismo, enfatizó que el Estado de Derecho implica que los gobernantes se sometan a la ley, no que la ley se adapte a conveniencias presupuestarias.
Esta resolución judicial dirime un conflicto grave que se originó en el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad por parte de la administración nacional. Los pagos irregulares y los cortes en la cadena de financiamiento generaron una crisis que afectó directamente la calidad de vida de miles de personas con discapacidad y comprometió la sustentabilidad de las instituciones que las atienden.
La sentencia representa un punto de inflexión importante: establece que razones de «control u ordenamiento presupuestario» no pueden esgrimirse para justificar el incumplimiento de obligaciones hacia sectores vulnerables. Con esta decisión, la justicia federal cordobesa reafirma que los derechos fundamentales de personas con discapacidad no son negociables ni subordinables a consideraciones fiscales.
