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El sistema de salud público argentino atraviesa una modificación significativa. El Ministerio de Salud de la Nación oficializó, mediante la Resolución N° 1066/2026, el procedimiento que reglamenta el DNU 366/2025, el cual introduce cambios en la Ley de Migraciones. El objetivo: establecer un mecanismo claro para el cobro de prestaciones a extranjeros que no residen en el país.
La medida traza una línea divisoria clara. Por un lado, los extranjeros con residencia permanente conservan el acceso al sistema público en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos. Por otro, quienes no cuenten con esa condición deberán presentar un seguro de salud válido o abonar por adelantado las prestaciones que no sean consideradas de emergencia.
Según datos oficiales, los extranjeros no residentes representan cerca del 6% del total de pacientes en los hospitales nacionales. Con esta reglamentación, se busca que esos establecimientos puedan recuperar los costos de las atenciones brindadas a este grupo poblacional, estableciendo un criterio uniforme para todo el territorio.
El procedimiento para el cobro y las aseguradoras
El mecanismo operativo contempla dos escenarios posibles:
- Con cobertura médica: el hospital confecciona el legajo, informa a la aseguradora dentro de las 24 horas y emite la factura electrónica para gestionar el recupero del costo de la atención.
- Sin seguro: la institución elabora un presupuesto y cobra la prestación antes de realizarla, evitando así la generación de deudas incobrables.
Las emergencias: un derecho que no se negocia
El punto más sensible de la nueva normativa es, sin dudas, el tratamiento de las emergencias. La resolución es contundente: ninguna emergencia podrá ser negada ni demorada por trámites administrativos, independientemente de la situación migratoria del paciente.
Se considera emergencia a toda condición que implique un riesgo cierto e inminente para la vida, un órgano o una función vital. Esto incluye infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves, hemorragias masivas, quemaduras extensas y emergencias obstétricas, pediátricas y neonatales. La decisión final sobre el carácter de emergencia recae exclusivamente en el profesional de salud responsable.
Sin embargo, hay un matiz importante: una vez superada la situación crítica, las prestaciones posteriores que correspondan podrán ser facturadas al paciente o a su aseguradora. Es decir, la gratuidad no se extiende a toda la cadena de atención posterior a la emergencia.
Qué deben presentar los residentes permanentes
Para acceder al sistema en las mismas condiciones que un argentino, los extranjeros con residencia permanente deberán acreditar su situación migratoria presentando el DNI físico para extranjeros vigente, donde figure la categoría de “Residente permanente”.
Si el documento se perdió o está en trámite de renovación, se podrá presentar provisoriamente la Constancia de Residencia Permanente en Trámite, emitida digitalmente por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) a través del sistema Radex, junto con el pasaporte vigente o el documento de identidad del país de origen.
Alcance y antecedentes
La normativa alcanza a los establecimientos administrados por el Estado nacional, entre ellos el Hospital Posadas, el Baldomero Sommer, el Ramón Carrillo, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur y el Laura Bonaparte.
Los hospitales SAMIC, que tienen gestión compartida entre Nación y provincias, quedan fuera de este esquema centralizado. Al contar con consejos de administración propios, deberán definir y aprobar sus propios procedimientos de cobro.
Esta decisión no surge en el vacío. Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Cruz y la Ciudad de Buenos Aires ya habían implementado mecanismos similares para cobrar prestaciones sanitarias a extranjeros no residentes. La nueva resolución busca unificar criterios y establecer reglas claras para todo el sistema nacional.
En definitiva, el Gobierno nacional apuesta a un equilibrio: mantener el acceso pleno de los residentes permanentes, garantizar la atención inmediata de las emergencias sin distinción de nacionalidad, y al mismo tiempo, recuperar costos de las prestaciones no urgentes brindadas a quienes no residen en el país. Un debate que recién comienza y que seguramente dará que hablar en los próximos meses.
