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El Gobierno nacional salió a defender su gestión en materia de discapacidad y lo hizo con números concretos. Alejandro Vilches, secretario nacional de Discapacidad, expuso ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados para detallar las acciones implementadas y responder las consultas de los legisladores, en el marco del debate por la prórroga de la Ley N° 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad hasta diciembre de 2027.
El funcionario fue contundente: “La prioridad son las personas con discapacidad y sus familias, y la sostenibilidad del sistema”. Con esa premisa, repasó una serie de medidas que buscan, según dijo, ordenar una estructura que arrastraba problemas históricos de gestión.
Un sistema que se ordena desde adentro
Uno de los primeros ejes que mencionó Vilches fue el fortalecimiento del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), que pasó a ser el espacio central para debatir y consensuar políticas. Allí, según explicó, se aprobaron por unanimidad los nuevos criterios para la evaluación, transparencia y otorgamiento de prestaciones y asignaciones.
El ordenamiento también llegó a los números. Según los datos aportados por el secretario, se logró controlar el 98% de los trámites de discapacidad y el 83% de las prestaciones de alto costo y baja incidencia (PACBI). Esto permitió depurar padrones y actualizar los mecanismos de validación, un punto que suele ser crítico cuando se habla de recursos públicos.
En cuanto a los expedientes, la reducción fue notable:
- Los trámites en curso bajaron de 620.000 a menos de 320.000, una caída de más de 300.000.
- Los que estaban pendientes de documentación pasaron de 96.946 a 63.935, lo que muestra una gestión más ágil.
La plata importa: actualizaciones y números que cierran
Otro de los puntos fuertes de la exposición fue la actualización de los valores del nomenclador de prestaciones básicas. Vilches detalló que entre octubre y diciembre de 2025 se aplicaron recomposiciones de entre 29,73% y 35,43%, superando ampliamente el IPC de todo el año. En 2026, las actualizaciones continuaron en febrero, abril, mayo, julio y agosto, y se mantuvieron los adicionales clave:
- 20% por Zona Desfavorable para las provincias patagónicas.
- 35% por Suplemento de Dependencia en prestaciones residenciales y de concurrencia.
- Un adicional acumulado que puede llegar al 55%.
Los números del devengado también son elocuentes. A julio de 2026, el Gobierno nacional destinó $326.305,7 millones en prestaciones de discapacidad, $168.503,3 millones en PACBI y $6.228,2 millones en Cápitas, con el objetivo de sostener la atención integral de los titulares de Pensiones No Contributivas, mayormente por Invalidez Laboral.
Pagos al día y más prestadores con convenio
La cadena de pagos fue otro de los frentes que se atacó. Desde la creación de la Secretaría, se regularizó el giro de cápitas y extra cápitas a las provincias y se normalizó la relación con los prestadores de la cobertura Incluir Salud. Hoy hay 1.140 prestadores de discapacidad con convenio vigente, y se firmaron acuerdos con entidades que no tenían contratos activos.
La compra centralizada de medicamentos e insumos también dio resultados: 784 beneficiarios recibieron asistencia directa y se otorgaron 2.706 tratamientos de alta complejidad en 2026.
Más presencia federal y canales de atención
La articulación interinstitucional fue otro de los ejes. Con ANSES y el Ministerio de Justicia, se brindó asistencia integral a más de 20.000 personas en los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) de todo el país. Además, se creó un nuevo canal de consultas que dio seguimiento individualizado a más de 27.000 requerimientos.
La presencia federal también se amplió con dos nuevas representaciones de SENADIS en Entre Ríos y Catamarca, y se puso en marcha un Sistema de Recursos Compartidos que permite a las jurisdicciones consultar y descargar su padrón de CUD actualizado de forma individual y protegida.
El mensaje final de Vilches apuntó a la necesidad de dejar atrás la lógica de la excepcionalidad. “La política de discapacidad requiere respuestas permanentes, previsibles y sustentables”, sostuvo, con el foco puesto en las personas y no en mecanismos de gestión extraordinarios. La continuidad de este plan, ahora, queda en manos del Congreso.
