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El delito farmacéutico se convirtió en el nuevo caballito de batalla del crimen organizado en El Salvador. Lo que antes era un rubro marginal, hoy compite de igual a igual con el narcotráfico en rentabilidad, pero con un riesgo penal mucho más bajo. El fiscal general, Rodolfo Delgado, puso el dedo en la llaga: las bandas diversificaron sus operaciones y encontraron en los medicamentos un negocio redondo.
La combinación letal de economía dolarizada y penas blandas es el caldo de cultivo perfecto. Según Delgado, lavar ganancias en dólares es pan comido y las condenas por estos delitos son irrisorias. Esto convierte a El Salvador en un imán para las organizaciones transnacionales que buscan expandir sus portafolios ilícitos sin demasiado riesgo.
El problema no es menor: el desvío de medicamentos del ISSS y del MINSAL se volvió una práctica sistemática. Los fármacos destinados a hospitales públicos terminan reetiquetados en países vecinos y vueltos a vender. Un circuito perverso que atenta directamente contra los más vulnerables y vacía los stocks del sistema de salud.
Pero acá viene el nudo gordiano: la legislación salvadoreña no tiene un tipo penal específico para la falsificación de medicamentos. Los fiscales tienen que ingeniárselas con figuras como la estafa o la violación de propiedad intelectual, herramientas que no calzan bien con la magnitud del delito. Como bien lo plantea Delgado, no es lo mismo investigar una falsificación que una estafa, y esa diferencia conceptual debilita los casos ante los tribunales.
La propuesta de la FGR es clara y contundente:
- Crear delitos específicos para falsificación, adulteración y clonación de fármacos.
- Endurecer las penas para que el cálculo costo-beneficio deje de favorecer a los delincuentes.
- Fortalecer el análisis forense y la infraestructura para custodiar los medicamentos incautados.
La rigidez del marco legal actual es, en palabras del propio fiscal, “el primer gran obstáculo” que enfrenta un fiscal en los tribunales. La ausencia de tipos penales adecuados deja un vacío que las organizaciones criminales explotan con total impunidad. No se trata solo de un problema de justicia, sino de un riesgo sanitario mayúsculo para la población.
El fenómeno trasciende fronteras y exige una respuesta integral. Proteger la salud pública y evitar que el país se convierta en un paraíso para el crimen farmacéutico son los ejes de una batalla que recién comienza. La pelota está del lado de los legisladores, que deberán decidir si le dan a la justicia las herramientas necesarias para combatir este flagelo o si prefieren mirar para otro lado mientras el negocio sigue creciendo.
