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El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado trabaja en un ambicioso paquete de reformas económicas que impactaría significativamente en el sector farmacéutico argentino. El borrador, que ya circula entre legisladores, propone modificaciones sustanciales a la normativa que regula las farmacias y la comercialización de medicamentos, buscando flexibilizar un mercado que históricamente ha estado fuertemente regulado.
Entre los cambios más relevantes figura la expansión de canales digitales para la venta de medicamentos. La iniciativa permitiría que los consumidores realicen compras a través de plataformas electrónicas y reciban sus medicamentos en domicilio. Además, se habilitaría a terceros para intervenir en distintas etapas del proceso: desde la exhibición de productos hasta la gestión de pagos y logística de entrega. Sin embargo, la responsabilidad profesional continuaría siendo del director técnico farmacéutico, manteniendo así ciertos controles sobre la cadena.
Otro aspecto central de la reforma apunta a transformar el régimen de propiedad de las farmacias. Actualmente, en algunas jurisdicciones existe la obligación de constituir estas empresas con participación obligatoria de un profesional farmacéutico. El nuevo proyecto eliminaría esta restricción, permitiendo que las farmacias se constituyan bajo cualquier figura jurídica prevista por la ley nacional. Este cambio ha sido históricamente controvertido dentro del sector y rechazado por entidades farmacéuticas que ven en él una amenaza a la profesión.
La propuesta también contempla una novedad que reabre debates sobre los actores de la cadena de distribución: las droguerías podrían dispensar recetas y vender directamente al público si se constituyen y funcionan como farmacias habilitadas. Esta medida genera tensiones sobre los límites de cada eslabón en la comercialización de medicamentos.
Antecedentes y resistencia judicial
El gobierno ya había intentado impulsar cambios similares mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, buscando profundizar la digitalización y ampliar opciones para consumidores. Desde la administración argumentan que estas medidas favorecerían la competencia, permitirían comparar precios más fácilmente y ampliarían el acceso mediante entregas a domicilio.
Sin embargo, estas iniciativas enfrentaron obstáculos legales significativos. Durante 2025, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal dejó sin efecto de manera provisoria varios aspectos de la desregulación, incluyendo los vinculados con venta de medicamentos y régimen de funcionamiento y propiedad de farmacias. Ante este panorama, el nuevo proyecto busca otorgar respaldo legislativo a estas reformas mediante una ley sancionada por el Congreso.
Un camino legislativo incierto
Por el momento, las modificaciones permanecen como borrador sin ingreso formal al tratamiento legislativo. El oficialismo mantiene pendientes otras iniciativas del equipo de Desregulación que aún no han logrado los consensos necesarios para avanzar en el Parlamento. En consecuencia, resta conocer si este paquete de reformas obtendrá el respaldo político suficiente para convertirse en ley.
Además, existe un desafío adicional vinculado a la estructura federal del país. El sistema sanitario argentino tiene organización federal, lo que implica que muchas regulaciones sobre habilitación, funcionamiento y control de farmacias corresponden a provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que conservan facultades propias para regular el ejercicio profesional y la actividad farmacéutica. Esto significa que aun cuando se apruebe a nivel nacional, la implementación podría variar significativamente según la jurisdicción.
El anteproyecto no se limita al sector farmacéutico: incluye modificaciones en mercado inmobiliario, arrendamientos rurales, navegación fluvial, industria vitivinícola, régimen de garrafas, mercado del libro, sistema financiero, cooperativas y traductores públicos, reflejando una estrategia amplia de desregulación económica.
