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El Gobierno nacional acaba de oficializar un nuevo ajuste en las prestaciones por discapacidad, y la noticia cayó como un alivio en un sector que viene reclamando previsibilidad hace rato. A través de la Resolución N°2775/2026 publicada en el Boletín Oficial, se estableció un aumento del 2,10% en el nomenclador de prestaciones básicas para el mes de agosto.
Lo interesante de esta medida es que no es un parche aislado, sino que forma parte de un esquema de actualización mensual atado al IPC, algo que fue acordado por unanimidad en el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas. Este mecanismo, que ya venía funcionando, se enmarca en la Ley de Emergencia en Discapacidad y apunta a que los honorarios de los profesionales no pierdan terreno frente a la inflación.
¿Qué significa esto en la práctica? Básicamente, que los valores de las prestaciones se ajustan mes a mes siguiendo la evolución de los precios. Para el sector, esto representa una bocanada de aire fresco en términos de planificación: los prestadores ya no tienen que especular con cuándo llegará el próximo aumento o si será suficiente.
El objetivo declarado por el Gobierno es claro: preservar el valor real de los honorarios profesionales y, al mismo tiempo, garantizar que la atención siga siendo de calidad. Pero también hay una lectura más profunda: este esquema marca un cambio de paradigma en la gestión de los recursos, apostando a un uso más eficiente y sostenible del dinero público.
- Incremento del 2,10% para agosto en el nomenclador básico.
- Ajuste mensual por IPC acordado por unanimidad.
- Vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad como marco regulatorio.
Queda claro que la apuesta oficial es darle mayor previsibilidad a un sector que históricamente sufrió la volatilidad. Ahora, el desafío será sostener este ritmo de actualizaciones en el tiempo y que los aumentos efectivamente lleguen a quienes más los necesitan: las personas con discapacidad y sus familias.
