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Un cambio estructural en la arquitectura institucional de la salud pública marca el cierre de 2025. El Ejecutivo nacional disolvió la comisión que durante 27 años funcionó como órgano consultor en asuntos de ética biomédica y la reemplazó por una nueva estructura con competencias más definidas. Esta transformación responde a lo que las autoridades sanitarias califican como necesidad de ordenar un escenario caracterizado por la superposición de funciones y roles poco claros.
La anterior Comisión Nacional de Ética Biomédica, creada en 1998, convivía con otros organismos que duplicaban responsabilidades: la Comisión de Investigaciones Clínicas Aplicadas en Seres Humanos, el Comité Nacional Asesor de Ética en Investigación, y durante la pandemia, un Comité de Ética y Derechos Humanos en Covid-19. Esta multiplicidad de actores generó conflictos de autoridad y debilitó la capacidad de respuesta del Estado frente a dilemas complejos.
El Decreto N° 893, publicado recientemente en el Boletín Oficial, establece la Comisión Nacional de Bioética como único organismo rector en la materia. Su estructura contempla seis miembros titulares más tres suplentes, con mandatos de cuatro años. El ministro de Salud, Mario Lugones, asume la presidencia, reteniendo así la autoridad decisoria sobre la conformación del cuerpo consultivo.
Los integrantes deberán contar con perfiles especializados y multidisciplinarios:
- Especialistas en ética y bioética
- Expertos en cuestiones de salud pública
- Representantes de la comunidad, especialmente de grupos participantes en ensayos clínicos
- Profesionales de Derecho, Filosofía, Antropología y Economía
Las funciones de la nueva comisión abarcan un espectro amplio de consultas. Deberá asesorar a los tres poderes del Estado y organismos oficiales sobre investigación clínica, calidad asistencial, humanización de la medicina, equidad en sistemas de salud, y crucialmente, sobre incorporación de nuevas tecnologías y avances científicos. También acreditará comités de ética en instituciones donde se realizan ensayos clínicos y coordinará con organismos provinciales.
El documento que fundamenta la reforma subraya que el progreso científico y tecnológico ha generado nuevos desafíos éticos, legales y sociales que exigen respuestas actualizadas. La comisión funcionará ad honorem, realizará al menos dos reuniones anuales, y sus informes serán de acceso público, buscando mayor transparencia institucional.
Un aspecto relevante de esta reorganización es la capacidad de convocar a sociedades científicas, asociaciones profesionales e instituciones académicas según las necesidades específicas de cada consulta. Esta flexibilidad pretende anticipar respuestas frente a innovaciones emergentes en salud y debates que aún no tienen marco regulatorio.
Cambios paralelos en políticas de vacunación
Simultáneamente, el Ministerio de Salud reorganizó la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) mediante la Resolución N° 3344. Este cambio reafirma explícitamente que la autoridad técnica y decisoria en inmunización corresponde exclusivamente al ministerio, mientras que la comisión asume un rol estrictamente consultivo y no vinculante.
La presidencia de Conain también pasó a manos del ministerio, específicamente del titular de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Anteriormente, la presidencia rotaba entre sus miembros, lo que generaba mayor dispersión de responsabilidades.
Las nuevas funciones de Conain se detallan con precisión: emitir recomendaciones científicas sobre introducción, modificación o retiro de vacunas del calendario nacional; asesorar sobre esquemas de inmunización; evaluar evidencia sobre nuevas plataformas vacunales con potencial impacto en decisiones nacionales; y aportar análisis epidemiológico ante situaciones sanitarias específicas o brotes.
Ambas reformas reflejan una estrategia de centralización del poder decisorio en el Ministerio de Salud, manteniendo organismos asesores pero bajo control ministerial más estricto. Los funcionarios justifican esto como necesario para garantizar coherencia en políticas sanitarias y evitar conflictos entre actores institucionales, como ocurrió durante la campaña de vacunación contra Covid-19, cuando comités especiales avalaron modificaciones en criterios de priorización que generaron controversia pública.
