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El Gobierno nacional puso la firma a la Resolución N°3487/2026, publicada en el Boletín Oficial, y de esta manera quedó confirmado un aumento del 1,70% en el nomenclador de prestaciones básicas destinado a personas con discapacidad. El ajuste rige para septiembre y se suma a la liquidación del adicional del 20% por Zona Desfavorable que corresponde a las provincias de la Patagonia.
La medida no llega sola: consolida un esquema de incrementos mensuales que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este mecanismo fue acordado por unanimidad en el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas y responde a lo que establece la Ley de Emergencia en Discapacidad. Así, los valores del nomenclador se van actualizando al ritmo de la inflación, sin sobresaltos ni demoras.
Un punto que vale la pena subrayar: el cálculo se hace sobre los aranceles de agosto, lo que permite preservar el valor real de los honorarios profesionales y sostener la calidad de la atención. La suba alcanza a todas las categorías por igual, sin distinciones según el tipo de prestación.
¿A quiénes involucra concretamente? El incremento impacta en las distintas prestaciones contempladas dentro del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad. Entre ellas se cuentan:
- Servicios de rehabilitación
- Centros de día
- Centros educativos terapéuticos
- Formación laboral
- Escolaridad
- Prestaciones de apoyo
- Transporte
Con este tipo de actualizaciones periódicas, la gestión busca darle mayor previsibilidad al sector, un reclamo histórico de las instituciones y las familias. La lógica detrás es un cambio de paradigma en el manejo de los recursos: apuntar a un uso eficiente y sostenible, sin perder de vista que detrás de cada arancel hay un servicio concreto que sostiene la vida diaria de miles de personas con discapacidad.
Para las entidades prestadoras, el dato no es menor: saber con antelación cómo se ajustan los valores permite planificar mejoras, sostener los equipos de trabajo y evitar que la calidad del servicio quede atada a la improvisación. El desafío, como siempre, estará en que la actualización mensual logre acompañar de verdad el costo de funcionamiento de cada prestación.
