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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) formalizó la cancelación de la autorización que permitía al Correo Argentino participar en procesos de acondicionamiento secundario de medicamentos. Esta decisión, plasmada en la Disposición 12/2026, afecta específicamente al centro logístico ubicado en Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires, donde se ejecutaban tareas de reempaque, rotulado y preparación de lotes para garantizar trazabilidad farmacéutica.
El fundamento de la medida radica en un requisito indispensable que la empresa estatal no satisfacía: la presencia de una dirección técnica. Cualquier instalación que manipule medicamentos debe contar con un profesional responsable que certifique el cumplimiento de normas sanitarias vigentes. La ausencia de esta supervisión especializada configuró una causal de inhabilitación inmediata conforme a la Ley 16.463 y el Decreto 150/92.
Esta acción representa un precedente significativo en la regulación farmacéutica nacional. La gestión logística de medicamentos trasciende lo meramente administrativo u operativo; constituye un proceso crítico que demanda conocimientos técnicos especializados, controles de calidad específicos y experiencia sanitaria comprobada, desde el almacenamiento hasta la identificación de cada unidad en circulación.
El Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), en coordinación con la Dirección de Gestión de Información Técnica y la Dirección de Asuntos Jurídicos de ANMAT, validó la cancelación del Legajo N° 7512, sellando así una decisión que refleja el endurecimiento de los controles sobre toda la cadena de valor farmacéutica.
Diez laboratorios fuera de operaciones por deficiencias críticas
Simultáneamente, la autoridad sanitaria avanzó con suspensiones y revocaciones de habilitaciones a diez establecimientos productivos, tras identificar incumplimientos que comprometían la seguridad de la población. Las inspecciones técnicas revelaron falencias estructurales que justificaron medidas de cierre inmediato.
Biotenk S.A. y Laboratorios Solkotal S.A. enfrentaron la suspensión total de sus operaciones. En el caso de Biotenk, los inspectores del INAME constataron:
- Inexistencia de un sistema de farmacovigilancia funcional
- Falta de notificación de reacciones adversas a medicamentos
- Ausencia de procedimientos actualizados y documentados
- Carencias en recursos humanos y equipamiento
Pese a haber recibido un plazo para subsanar estas deficiencias, la empresa no presentó un plan de correcciones, lo que motivó la sanción definitiva.
Solkotal presentó un panorama aún más preocupante. Los inspectores identificaron personal insuficientemente calificado, sistemas de calidad deficientes, equipos sin mantenimiento preventivo, errores graves en segregación y rotulado de productos, y tercerización no autorizada de actividades. Un aspecto particularmente sensible fue el descubrimiento de que esta empresa fabricaba inyectables para Laboratorio P.L. Rivero y CIA S.A., un establecimiento previamente inhabilitado por la propia ANMAT. Esta situación obligó al retiro de todos los lotes comprometidos del mercado y a la cancelación definitiva de la habilitación de Solkotal.
Adicionalmente, ANMAT revocó las autorizaciones de ocho establecimientos más:
- Droguería Eurofarma S.A.
- Jacobo David Sapoznikow
- PAR SOL Laboratorios S.A.
- Spedrog Caillon S.A.I.C.
- Laboratorios Apolo S.A.
- Lab. Factory Solution S.A.
- Laboratorio Redia S.A.
- Lemax Laboratorios S.R.L.
En estos casos, el Registro de Inscripción de Establecimientos detectó inactividad productiva prolongada y ausencia de responsables técnicos designados, circunstancias que la normativa vigente considera causales de cancelación inmediata.
Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria
Estas intervenciones reflejan un compromiso institucional con la vigilancia sanitaria integral. La ANMAT reafirma que la producción y distribución de medicamentos debe permanecer exclusivamente en manos de empresas y profesionales que demuestren cumplimiento riguroso de estándares técnicos y legales. Solo así se garantiza la protección efectiva de la salud pública y se evita que productos deficientes o fabricados bajo condiciones inadecuadas lleguen a la población.
