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El ejercicio ilegal de la odontología constituye un problema de salud pública que trasciende lo meramente administrativo. Cuando alguien recurre a un técnico dental sin credenciales oficiales, no solo incumple normativas; se expone a riesgos que pueden comprometer su integridad física de manera irreversible. La lentitud del aparato judicial para perseguir estas prácticas agrava aún más la situación, permitiendo que el intrusismo continúe proliferando sin consecuencias efectivas.
Desde los organismos que nuclean a los profesionales del sector se insiste en que denunciar a un técnico que opera sin autorización puede extenderse durante años sin llegar a resoluciones concretas. Esta realidad frustrante contrasta dramáticamente con la urgencia que debería caracterizar a cualquier delito que atente contra la salud colectiva. Los expedientes quedan estancados en los sistemas burocráticos, perdiendo relevancia mientras los afectados continúan sufriendo las consecuencias de tratamientos deficientes.
Un caso emblemático ilustra esta problemática: la denuncia contra un técnico que trabajaba clandestinamente en una localidad bonaerense tardó ocho años en llegar a un juicio oral. Recién en 2004, después de casi una década de gestiones, se logró condenar e inhabilitar al infractor. Múltiples denuncias previas habían quedado archivadas sin avanzar, acumulándose en los escritorios de los juzgados como trámites olvidados.
Lo que hace aún más preocupante esta demora judicial es la magnitud de los daños que puede ocasionar una prótesis confeccionada incorrectamente. Las lesiones en los tejidos bucales pueden evolucionar hacia malignidades cancerosas. Una mala alineación de la mordida genera disfunciones musculares en la región cervical y craneal. En situaciones extremas, la compresión nerviosa derivada de una prótesis mal posicionada puede causar pérdida auditiva o sordera.
El problema radica en que quienes ejercen sin formación universitaria carecen del conocimiento necesario para diagnosticar y prevenir estas complicaciones. Además, las condiciones en que se realizan estos tratamientos clandestinos intensifican los riesgos: talleres improvisados, baños, cocinas de viviendas particulares, ausencia total de protocolos de bioseguridad y disposición inadecuada de residuos biológicos. Se trata de espacios donde jamás debería realizarse un procedimiento que involucra la cavidad bucal.
Existe también un mito económico que requiere ser desmentido: la creencia de que recurrir a técnicos sin habilitación representa un ahorro significativo. La realidad es distinta. Cuando la prótesis resulta inservible o genera complicaciones, el paciente termina gastando dinero con el técnico ilegal y luego debe acudir a un consultorio profesional para reparar los daños. El costo final supera ampliamente lo que hubiera invertido en un tratamiento correcto desde el inicio.
Para evitar caer en estas trampas, es fundamental verificar que el profesional posea título universitario y certificado de habilitación del consultorio visibles en el lugar de atención. Estos documentos no son meros requisitos formales; constituyen la garantía de que quien manipulará la boca del paciente ha recibido formación rigurosa y que el espacio cumple con estándares sanitarios obligatorios. Su ausencia es una señal inequívoca de que se está ante un ejercicio ilegal.
La responsabilidad no recae únicamente en los organismos de control ni en la justicia, aunque ambos requieren mayor agilidad. Los propios pacientes deben asumir un rol activo en la protección de su salud, exigiendo credenciales, verificando antecedentes y denunciando prácticas irregulares. Solo mediante una combinación de vigilancia ciudadana, persecución legal efectiva y educación sanitaria será posible reducir la incidencia de este problema que afecta silenciosamente a miles de personas.
