El 13 de noviembre no es una fecha cualquiera en el calendario argentino. Ese día se recuerda la sanción de la Ley 26.904, aprobada en 2013, que incorporó el grooming al Código Penal. Sin embargo, más de una década después, la pregunta incómoda persiste: ¿estamos realmente protegiendo a las infancias en los entornos digitales?
La respuesta, lamentablemente, dista de ser alentadora. Una investigación de la fundación Maldita.es, dedicada a combatir la desinformación, reveló datos escalofriantes en España: más de mil videos de abuso sexual infantil circulando en TikTok, acumulando 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles vinculados a potenciales pederastas que intercambian o comercializan ese material. De ese total, unos 7.000 operan en español.
El modus operandi de estos criminales no es improvisado. Se trata de una metodología estructurada en cinco etapas que se repite con precisión casi quirúrgica:
- Contacto inicial: el adulto se hace pasar por un par, ganando confianza.
- Generación del vínculo: aparece la escucha, el interés, el secreto compartido.
- Manipulación: se introduce lentamente la sexualidad, mezclando afecto con culpa o curiosidad.
- Exigencia o coacción: solicitud de fotos, videos o encuentros.
- Amenaza y silencio: chantaje, humillación, miedo a la exposición pública.
Lo que antes requería presencia física y proximidad, hoy se resuelve con un clic. La pederastia encontró en las plataformas digitales su escenario más cómodo: ya no necesita infiltrarse en escuelas, clubes o templos, ni ocupar cargos de autoridad. Basta con un dispositivo conectado a internet.
Una modalidad particularmente grave se consolidó en los últimos años: la explotación en vivo mediante transmisión online. A diferencia del material grabado, aquí las agresiones ocurren en tiempo real, mediadas por una cámara y sostenidas por demanda directa. El consumidor paga sumas relativamente bajas —mediante transferencias internacionales, billeteras virtuales o criptomonedas— para presenciar o incluso dirigir actos de violencia sexual contra niños y niñas, incluidos bebés.
La distancia geográfica no funciona como barrera; funciona como facilitador. Quien paga puede solicitar actos específicos, dirigir la escena, reforzando una fantasía de poder absoluto sobre cuerpos radicalmente vulnerables. El consumidor es siempre un agresor, porque financia y participa activamente de la explotación.
Los entornos de videojuegos en línea se convirtieron en uno de los espacios más frecuentes de aproximación. A diferencia de lo que muchos adultos imaginan, estos juegos no son experiencias solitarias: funcionan como verdaderos espacios sociales donde los chicos forman equipos, colaboran y compiten. Hablar con desconocidos forma parte de la dinámica habitual.
El contacto inicial suele producirse de manera aparentemente natural: un jugador ayuda a otro a completar una misión, comparte estrategias o le regala objetos virtuales. Esos gestos de cooperación crean rápidamente una sensación de confianza. Una vez establecido el vínculo, es frecuente que la conversación se traslade fuera del videojuego, hacia espacios más privados como Discord, donde la supervisión adulta es prácticamente inexistente.
Si hay un elemento que atraviesa casi todos los procesos de vulneración sexual, presenciales o digitales, es el secreto como dispositivo de aislamiento. La pantalla crea una ilusión de intimidad controlada. El secreto empieza con pequeñas exclusiones: «esto no hace falta que se lo digas a tu mamá», «es algo nuestro», «no lo van a entender». La intimidad forzada genera aislamiento, y el aislamiento reduce la posibilidad de pedir ayuda.
Si el secreto es el dispositivo de aislamiento, la amenaza es el dispositivo de control. En la llamada sextorsión, el criminal captura previamente imágenes, mensajes o confesiones íntimas que luego utiliza como herramienta de presión: «si no hacés lo que te digo, envío esto a tu familia», «lo publico en tu escuela». El miedo ya no es al contacto físico, sino a la exposición pública. La vergüenza se convierte en un arma poderosa: el criminal toma la reputación como rehén y logra la obediencia.
La inteligencia artificial generativa introduce una mutación significativa. Ya no es necesario que exista una imagen íntima real: basta con una fotografía pública y el cuerpo es intervenido digitalmente. Para quien produce la imagen, a veces adolescentes e incluso niños, puede tratarse de una broma. Para quien la padece, el impacto psíquico es real: vergüenza, miedo, retraimiento, abandono escolar, ideación suicida.
La tecnología no inventó esta violencia, pero sí cambió la escala. Antes era necesaria la proximidad física; hoy puede bastar un dispositivo. Además, la violencia puede continuar cuando el contacto físico ha terminado. El acto puede haber finalizado, pero la escena sigue existiendo en las plataformas, en los dispositivos y en las redes.
Una de las cuestiones más perturbadoras consiste en reconocer que el daño puede adquirir valor para otros. Una imagen sexualizada de un niño o niña puede utilizarse para satisfacer a un consumidor, ser intercambiada por otra imagen y servir para acceder a una comunidad. El valor no está en el niño como persona, sino en aquello que otros pueden obtener de su vulnerabilidad. La inversión es perversa: aquello que debería convocar a la protección se convierte en aquello que activa la explotación.
En Australia, la comisionada de seguridad en línea, Julie Inman Grant, fue explícita: «cuando se las deja actuar por su cuenta, estas empresas no priorizan la protección de los niños y, en los hechos, hacen la vista gorda ante delitos graves que ocurren en sus servicios». La respuesta estatal australiana —incluyendo la decisión de restringir el acceso de menores— señala un desplazamiento enorme: el cuidado de la infancia deja de ser un problema individual o familiar para convertirse en una responsabilidad del Estado.
La responsabilidad no puede recaer sobre quienes ocupan la posición más vulnerable. No se puede exigir a una niña que conozca las estrategias de manipulación de un adulto, ni pedir a un niño que comprenda el funcionamiento de una red de explotación. Los chicos nunca pudieron salvarse solos de las agresiones sexuales, ni presenciales ni digitales. Es demasiada la desigualdad.
La protección exige intervenir sobre quienes poseen poder: las instituciones y las plataformas. La responsabilidad empresarial debe alcanzar esas decisiones, además del retiro de las imágenes una vez denunciadas. Si una plataforma puede silenciar un video y hasta sancionar cuando se infringen derechos de autor musicales, ¿cómo no puede detectar los millones de imágenes de crímenes contra la infancia?
La depredación se combate con leyes, financiamiento, políticas públicas y formación. Y sobre todo con una cultura que se niegue rotundamente a seguir erotizando la fragilidad. Porque el grooming no es un problema de desconocidos en internet: es una estructura de dominación que encuentra en las tecnologías digitales nuevas formas de expansión.
Fuentes: Maldita.es, investigación sobre abuso sexual infantil en TikTok (9/11/2026).
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