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La vuelta a clases genera un escenario propicio para la propagación de enfermedades infecciosas debido al aumento significativo de interacciones personales y contacto directo entre estudiantes. Ante este panorama, las autoridades sanitarias nacionales han reiterado la importancia de que tanto menores como adultos vinculados al ámbito educativo cuenten con sus esquemas de inmunización completados y actualizados.
El plan de vacunación vigente establece refuerzos específicos en dos momentos clave del desarrollo infantil: a los 5 y a los 11 años. Estos intervalos responden a la necesidad de consolidar la protección inmunológica adquirida durante la infancia temprana.
Para los menores que cumplen 5 años en 2026 (nacidos en 2021), el calendario indica la aplicación de:
- Segunda dosis de la vacuna Triple Bacteriana Celular, que protege contra difteria, tétanos y coqueluche
- Segunda dosis de la Triple Viral (SRP) para prevenir sarampión, rubéola y paperas
- Dosis de refuerzo contra varicela
- Refuerzo de la vacuna IPV contra poliomielitis
En el caso de los niños de 11 años (nacidos en 2015), corresponde administrar:
- Triple Bacteriana Acelular
- Vacuna Antimeningocócica en dosis única
- Inmunización contra el Virus del Papiloma Humano (VPH)
- Vacuna contra fiebre amarilla para residentes en zonas de riesgo
Estas inmunizaciones forman parte de una estrategia integral orientada a prevenir complicaciones graves, hospitalizaciones y secuelas de largo plazo en la población infantil y adolescente.
No menos relevante es que el personal docente y administrativo de instituciones educativas también revise y actualice sus propios esquemas de vacunación. Esta medida es fundamental para crear un entorno seguro donde se minimice la circulación de patógenos evitables.
Las autoridades sanitarias subrayan que todas las vacunas incluidas en el calendario nacional son seguras, han sido sometidas a rigurosos ensayos científicos y pueden administrarse en cualquier centro de salud sin requerir orden médica. Esto facilita el acceso y elimina barreras administrativas innecesarias.
Mantener esquemas de inmunización completos en la comunidad educativa genera beneficios colectivos significativos: reduce la probabilidad de brotes epidemiológicos, disminuye la incidencia de formas graves de enfermedades prevenibles y evita sobrecargas innecesarias en los servicios de salud. Es una inversión en bienestar público que trasciende el ámbito individual.
