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Una deuda que crece sin solución
La obra social que atiende a los integrantes de las Fuerzas Armadas y sus dependientes enfrenta un colapso financiero sin precedentes. Desde la reciente restructuración institucional, la entidad se debate entre cortes intermitentes de servicios, deudas colosales con prestadores sanitarios y una cascada de recursos legales presentados por usuarios desesperados. El Ministerio de Defensa reconoció que el pasivo acumulado alcanza los $248.600.811.333,39, una cifra que refleja la magnitud del problema.
Los afiliados marplatenses relatan una realidad desgarradora: prestaciones inhabilitadas, cobertura inexistente y un silencio institucional ensordecedor. Celeste, trabajadora civil de la institución castrense, expresó su preocupación respecto a casos oncológicos que quedan sin respuesta médica. Mientras tanto, Daniel, otro afiliado, describió la situación como un «abandono de persona colectivo» donde los usuarios llevan más de un mes sin acceso a atención sanitaria.
Deudas hospitalarias y promesas incumplidas
La crisis no solo afecta a los beneficiarios, sino también a los prestadores de salud. Los hospitales que brindaban servicios a través de esta obra social enfrentan deudas millonarias que comprometen su funcionamiento. Los afiliados señalan que durante años han presentado propuestas de solución que fueron ignoradas sistemáticamente, lo que los llevó a recurrir a la Justicia.
Los recursos de amparo se multiplican, pero los tiempos judiciales resultan incompatibles con la urgencia de las necesidades médicas. Como expresó uno de los denunciantes: «Un montón de compañeros mueren esperando las prestaciones que deberían recibir». Esta frase resume la tragedia cotidiana que viven miles de familias militares sin cobertura sanitaria adecuada.
Cambios en la conducción y especulaciones sobre privatización
El deterioro institucional se evidencia también en los cambios de liderazgo. El general de brigada Sergio Maldonado renunció a la presidencia apenas un mes después de asumir el cargo, siendo reemplazado por el general de brigada Pablo Guillermo Plaza. Esta rotación rápida expone la fragilidad de la nueva estructura administrativa.
Además, circulan versiones entre los afiliados sobre una posible derivación de la obra social hacia una prepaga privada. Los usuarios temen que Osde desembarque en la administración de sus beneficios sanitarios, lo que generaría cambios en las condiciones de cobertura. Esta incertidumbre suma angustia a una situación ya crítica.
El costo humano de la negligencia
Detrás de los números y las cifras burocráticas existe una realidad que trasciende lo administrativo. El suicidio del suboficial mayor retirado Carlos Héctor Velázquez el 1 de mayo pasado representa el costo más alto de esta crisis. Velázquez, quien aportó durante 61 años a la obra social, se quitó la vida tras enfrentar graves problemas de salud sin cobertura médica.
En una carta de puño y letra, Velázquez detalló que padecía una infección seria en los ojos, complicaciones en la nariz y un cáncer avanzado. La falta de cobertura sanitaria fue el factor determinante en su decisión. Su muerte no es un caso aislado, sino la manifestación más extrema de un sistema que ha abandonado a quienes lo sostuvieron durante décadas.
La situación de los militares y sus familias sin cobertura sanitaria representa un fracaso institucional profundo que demanda respuestas urgentes. Mientras se espera que las autoridades tomen medidas concretas, miles de personas continúan enfrentando dilemas de vida o muerte sin el respaldo de un sistema que debería protegerlos.
