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Un problema que se agrava año tras año
La situación que atraviesan los hospitales nacionales y SAMIC refleja una crisis estructural en el financiamiento compartido del sistema de salud bonaerense. Según el esquema establecido, la Nación debería aportar el 70% de los recursos mientras que la Provincia contribuiría con el 30%. Sin embargo, este compromiso ha quedado incumplido de manera sostenida, trasladando la carga financiera casi íntegra al Gobierno nacional.
La deuda acumulada alcanza cifras alarmantes que evidencian la magnitud del problema. Los números son contundentes: el Hospital El Cruce de Florencio Varela acumula $396.631 millones en deuda; el Hospital Cuenca Alta de Cañuelas debe recibir $104.263 millones; el Hospital René Favaloro espera $61.174 millones; el Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría reclama $59.465 millones; y el Hospital SAMIC de Laferrere aguarda $9.099 millones.
Impacto directo en la prestación de servicios
Las consecuencias de este incumplimiento van mucho más allá de los números. La falta de recursos predecibles afecta la planificación operativa de estas instituciones, dificultando decisiones sobre adquisición de insumos, equipamiento médico y prestación de servicios. Los directivos señalan que esta incertidumbre financiera compromete la sustentabilidad de las instituciones y obliga a absorber demandas crecientes con presupuestos insuficientes.
Un aspecto particularmente preocupante es el incremento constante de derivaciones de pacientes complejos desde establecimientos provinciales. Esta sobrecarga refleja las limitaciones que enfrenta el sistema de salud bonaerense, obligando a los hospitales nacionales a asumir responsabilidades que deberían ser compartidas equitativamente.
El caso crítico del Hospital Garrahan: niños esperando prótesis
La situación se vuelve aún más dramática cuando se observan casos específicos. El Hospital Garrahan, financiado en un 80% por Nación y 20% por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, atiende a una población vulnerable: el 70% de sus pacientes carece de cobertura médica, y de ese universo, el 70% proviene de la Provincia de Buenos Aires.
Una realidad que ilustra la urgencia del problema: 814 niños esperan que la Provincia entregue prótesis necesarias para poder ser intervenidos quirúrgicamente. Este problema se arrastra desde 2022 y continúa en aumento, obligando en algunos casos a reprogramar cirugías o a derivar pacientes que han alcanzado la mayoría de edad. En situaciones de extrema urgencia, el hospital debe afrontar las intervenciones con recursos propios, mientras las familias transitan trámites prolongados sin respuestas del Banco de Prótesis provincial.
Un sistema que sostiene la carga nacional
A pesar de los esfuerzos por optimizar procesos de facturación y recupero de prestaciones, la obra social provincial continúa incumpliendo sus pagos. Los hospitales nacionales y SAMIC persisten en garantizar atención de calidad, pero lo hacen absorbiendo una demanda cada vez mayor con recursos limitados. Esta dinámica insostenible evidencia que el Gobierno nacional termina financiando de facto la salud bonaerense, mientras la provincia incumple sus compromisos.
