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Frente a la medida de fuerza de 72 horas que iniciaron médicos y odontólogos afiliados a Pami en todo el territorio nacional, la cúpula de la obra social se apresuró a restarle importancia a la convocatoria, argumentando que cuenta con una adhesión limitada y que la mayoría de los prestadores mantienen sus actividades sin interrupciones.
A través de un comunicado oficial, las autoridades de Pami expresaron su intención de lograr acuerdos con los profesionales, enfatizando que desean «llevar tranquilidad a los afiliados» ante una medida que califican como impulsada por «un grupo reducido». En ese sentido, destacaron que la semana anterior incrementaron la cápita de médicos generalistas de $2.100 a $2.400 por afiliado, con vigencia retroactiva a mayo, y que mantienen activa la mesa de negociación con las entidades que representan al sector.
La postura institucional se centra en minimizar el alcance del conflicto, presentando la situación como controlada y asegurando que los servicios continúan funcionando con normalidad. Desde la dirección insisten en que el organismo sigue trabajando para garantizar la atención de los afiliados y alcanzar soluciones que satisfagan a ambas partes.
El reclamo de los profesionales
Los médicos y odontólogos que adhieren al paro utilizan el lema «Honorarios justos = atención de calidad» para fundamentar su medida de fuerza. Los profesionales sostienen que los aranceles vigentes resultan insuficientes para mantener la calidad de las prestaciones que brindan a los afiliados.
En sus comunicaciones por redes sociales, los manifestantes cuestionan las políticas económicas del gobierno, contrastando los beneficios otorgados a sectores privilegiados con la falta de reconocimiento a su labor. Señalan que mientras se eliminan impuestos a la riqueza y se otorgan subsidios millonarios a grandes empresas, los profesionales de la salud enfrentan dificultades para sostener sus servicios con honorarios que consideran depreciados.
Este conflicto refleja la tensión persistente entre la obra social y sus prestadores, quienes reclaman una revalorización urgente de sus honorarios para garantizar la continuidad y calidad de la atención médica y odontológica que brindan a millones de afiliados en el país.
