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Malvinas Argentinas fue el escenario elegido para el Día de la Industria, un evento que reunió a unos 200 empresarios, dirigentes y funcionarios en la planta del Laboratorio Elea. El clima, lejos de ser festivo, reflejó la tensión que existe entre el sector manufacturero y el Gobierno. La industria acumula una caída del 10% desde 2022, con algunos rubros que registran bajas de entre 25% y 30%. El descontento es palpable y las demandas, contundentes.
El consenso general entre los presentes es que el rumbo macroeconómico —superávit fiscal, desaceleración de la inflación y fin del cepo— es el correcto. Sin embargo, ese acuerdo se desmorona cuando se habla de la economía real. Los empresarios del mercado interno reclaman que el orden macro no está llegando a sus bolsillos ni a sus balances, y esa fractura fue el verdadero hilo conductor de toda la jornada, tanto en los discursos como en las conversaciones de pasillo.
El puente de siete puntos que propone la UIA
Martín Rappallini, presidente de la UIA, utilizó una metáfora potente: la industria necesita un puente entre la economía que se deja atrás y la que se quiere construir. Ese puente tiene siete pilares fundamentales:
- Actividad y crédito
- Competitividad y costo argentino
- Competencia desleal
- Energía
- Morosidad
- Infraestructura
- Modernización laboral
El punto que más resonó fue el del contrabando. En algunos rubros, los productos que ingresan por circuitos irregulares representan entre el 30% y el 50% del mercado, con contenedores subfacturados que compiten de manera desleal con la producción local y derrumban los precios. “Esto lejos está de ser libre mercado, es competencia desleal”, afirmó Rappallini, en una frase que muchos repitieron después en los pasillos.
La relación con el Gobierno, en su peor momento
El vínculo entre los industriales y el Ejecutivo está deteriorado desde 2024, cuando Milei llamó “prebendarios” a los empresarios. Este año, la ausencia del presidente fue un dato descontado, y tampoco estuvo Luis Caputo, quien viajó a Estados Unidos por el G20. La comunicación se sostiene principalmente a través de Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de la Producción, aunque los resultados concretos son escasos frente al caudal de propuestas presentadas.
La tensión con Caputo tiene un episodio reciente: el ministro se refirió a quienes hablan de industria como “tarados”, una frase que varios empresarios mencionaron en privado durante la jornada. Fuera del escenario, las conversaciones fueron más directas y crudas. “El Gobierno va a morir con las botas puestas. No esperamos reacción”, resumió un empresario. Otro fue más concreto: “Los sueldos los tenemos que pagar ahora. No es que se van a poder pagar cuando la micro mejore. No hay tiempo”.
La sombra del 2001 y la urgencia del consumo
Las comparaciones más alarmantes apuntaron al año 2001. Varios participantes describieron una cadena de suministro bajo presión, con cheques rechazados entre proveedores y dificultades crecientes para sostener las operaciones. “Estamos como en 2001”, graficó uno de los presentes, haciendo referencia al quiebre de la cadena de suministro por cientos de concursos, quiebras y cierres definitivos de empresas proveedoras de insumos.
La mora de las empresas también fue un tópico urgente. Según coincidieron varios referentes, el Gobierno no tiene intenciones de ceder en ese frente. Algunos representantes admitieron haberse reunido con la agencia de recaudación para apaciguar las órdenes de embargo, ya que terminan por asfixiar a empresas que buscan salir de sus dificultades financieras. El consumo, por su parte, no encuentra reconocimiento oficial: “No se vende nada, ni lo importado ni lo nacional”, sintetizó un industrial.
La industria farmacéutica y su paradoja local
Isaías Drajer, presidente de Elea, ofició de anfitrión y expuso una paradoja del mercado local. En unidades, el 75% de los medicamentos que se venden en Argentina proviene de laboratorios nacionales, pero en términos de valor esa proporción cae al 50%. La industria extranjera se lleva la mitad de la facturación con apenas el 25% de las unidades vendidas. Menos volumen, más precio: esa es la ecuación de los laboratorios foráneos frente a los nacionales.
El sector farmacéutico nacional invierte más de USD 300 millones anuales para ampliar su capacidad productiva, da empleo calificado a 48.000 personas de forma directa y a 120.000 de manera indirecta, y genera exportaciones por más de 1.500 millones de dólares anuales. Elea, en particular, exporta a más de 40 países, entre ellos Brasil, Colombia y Perú, mercados con exigencias regulatorias estrictas. “Sin industria no hay país”, parafraseó Drajer a Carlos Pellegrini.
Un RIGI para la construcción, la esperanza que circula
En medio del diagnóstico sombrío, una idea ganó terreno en las conversaciones informales: la posibilidad de un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) específico para la construcción. Los industriales lo describieron como una herramienta capaz de dinamizar una cadena con alto impacto en el empleo y con fuerte efecto de arrastre sobre proveedores de materiales, servicios y logística. La iniciativa no tiene aún forma oficial, pero fue mencionada como una de las pocas señales posibles de reactivación a corto plazo.
El cierre del encuentro dejó frases que resumen el estado de ánimo del sector. “La industria genera clase media. Se está destruyendo el entramado productivo. Hay que cambiar el modelo”, resumió un empresario. Rappallini, desde el escenario, había dicho algo similar con otras palabras: “Lo que hoy estamos discutiendo es qué país construimos para los próximos 30 años”. La pregunta queda flotando, sin respuestas concretas desde el Gobierno.
