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Una alianza política transversal se conformó en la Legislatura bonaerense para enfrentar la profunda crisis que aqueja al Instituto de Obra Médico Asistencial. Con 47 firmas de legisladores de distintas fuerzas políticas, se presentó un pedido formal al presidente de la Cámara Baja para convocar a una sesión extraordinaria dedicada exclusivamente a debatir proyectos de ley relacionados con esta problemática sanitaria.
Los diputados que encabezan esta iniciativa provienen de espacios ideológicamente diversos: el bloque PRO, la Unión Cívica Radical, La Libertad Avanza, la Coalición Cívica y otros sectores de la oposición. Entre los principales impulsores se encuentran figuras como Alejandro Rabinovich, Diego Garciarena, Alejandra Lordén, Agustín Romo, Martín Rozas y Andrés de Leo, demostrando que la gravedad de la situación trasciende divisiones partidarias.
En los fundamentos del reclamo, los legisladores expresaron una preocupación compartida: «Millones de bonaerenses manifiestan sentirse abandonados por una obra social cuya misión fundamental es garantizar acceso efectivo a la salud». Esta afirmación refleja el deterioro generalizado en la prestación de servicios médicos que ha generado descontento masivo entre los afiliados.
Las problemáticas identificadas son múltiples y complejas:
- Afiliados obligados a recurrir a amparos judiciales para acceder a medicamentos y tratamientos que les corresponden por derecho
- Proveedores médicos denunciando atrasos significativos en los pagos que comprometen la continuidad de la atención
- Una filtración de datos causada por un hackeo que expuso a los afiliados a riesgos de estafas y fraude
- Multiplicación de reclamos sin respuestas satisfactorias de la administración
El eje central de la embestida legislativa apunta directamente a Homero Giles, titular de Ioma, quien deberá comparecer ante el recinto para brindar explicaciones sobre la gestión de la institución y las causas que originaron este colapso administrativo y financiero.
Entre las propuestas concretas presentadas destaca una medida particularmente agresiva: suspender el pago de la pauta oficial del Gobierno bonaerense para redirigir inmediatamente esos fondos hacia el pago de deudas pendientes con clínicas y proveedores médicos. Esta iniciativa busca resolver de manera urgente los atrasos que afectan la calidad de atención.
Los legisladores fundamentaron su intervención señalando que el Poder Legislativo tiene obligación institucional de actuar cuando los mecanismos normales de funcionamiento colapsan. Según el reglamento de la Cámara de Diputados, el presidente Alejandro Dichiara dispone de diez días hábiles para resolver si procede con la convocatoria a la sesión especial solicitada.
Este movimiento parlamentario representa una escalada en la presión política sobre la administración de Axel Kicillof. El gobernador había intentado justificar la situación días atrás argumentando que existe una crisis sistémica del sector salud en toda la Argentina, pero la oposición considera que esta explicación resulta insuficiente frente a la magnitud de los problemas específicos de Ioma.
La convergencia de fuerzas políticas en torno a este tema evidencia que la crisis de la obra social ha trascendido el debate ideológico tradicional, transformándose en un asunto de interés público que demanda respuestas concretas y acciones inmediatas para restaurar la confianza de millones de afiliados bonaerenses.
