Compartir
Desde el lunes, profesionales sanitarios nucleados en Appamia mantienen un paro total de 72 horas en rechazo a una resolución gubernamental que modificó sustancialmente el esquema de remuneración en el Pami. La medida de fuerza, que se extiende hasta el miércoles e incluye estado de alerta y movilización en todo el país, responde a la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE publicada el 9 de abril, que los gremios califican como un ajuste disfrazado bajo la apariencia de modernización.
Durante la huelga, solo se garantiza la atención de urgencias, sujeta al criterio profesional y la normativa vigente. Esta restricción pone en evidencia la dependencia del sistema de salud para adultos mayores respecto de estos profesionales y abre interrogantes sobre la sostenibilidad de las políticas implementadas.
El conflicto central gira en torno a cómo se calcula la compensación. Si bien la administración del Pami anunció un incremento de la cápita a $2.100 por afiliado mensual —cifra que duplica los montos anteriores—, los médicos advierten que esta cifra oculta una realidad más compleja. La medida elimina herramientas de ingreso que hasta ahora permitían sostener el ejercicio profesional.
Según los reclamos gremiales, la consulta presencial dejó de reconocerse como prestación independiente, absorbiendo prácticas dentro de un pago fijo. Además, se eliminó el incentivo económico destinado a la formación profesional continua. Esto significa que, aunque formalmente hay un aumento en la cápita, los ingresos reales de los profesionales disminuyen significativamente.
Los médicos señalan que hasta ahora podían realizar hasta 140 consultas mensuales reconocidas por prestación, generando ingresos adicionales al sistema de cápita. Hoy, ese flujo de ingresos desaparece completamente. El nuevo esquema concentra toda la atención en un pago fijo de $2.100 por afiliado, independientemente de la cantidad de consultas o procedimientos realizados.
Appamia presentó una propuesta alternativa basada en costos reales, estableciendo una cápita de $6.500 como piso mínimo necesario para sostener una atención médica de calidad. Junto con esto, exigen:
- La derogación inmediata de la resolución cuestionada
- El incremento de retribuciones para médicos y odontólogos
- La reincorporación de profesionales cesanteados sin causa justificada
Más allá de los médicos de cabecera, la odontología enfrenta una crisis financiera adicional. El Pami mantiene deudas por prestaciones realizadas en enero y febrero de 2026, mientras que los reintegros por prótesis no se procesan desde diciembre de 2025. Esta situación genera un escenario insostenible donde los profesionales continúan atendiendo por compromiso con los pacientes, pero sin poder cubrir costos operativos.
Desde el gremio alertan que si esta situación no se regulariza urgentemente, la continuidad de las prestaciones odontológicas para jubilados podría verse seriamente comprometida. Los profesionales no pueden sostener indefinidamente los gastos en insumos, materiales y normas de bioseguridad sin recibir compensación adecuada por su trabajo.
En este contexto, Appamia no descarta iniciar acciones legales y judiciales para defender los derechos de los profesionales y asegurar la viabilidad del sistema de salud para la población adulta mayor. La tensión refleja un desajuste más amplio en las políticas de austeridad implementadas, donde recortes presupuestarios se trasladan a quienes prestan servicios esenciales.
