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La crisis que atraviesa el PAMI en Mar del Plata dejó de ser un problema exclusivamente sanitario para convertirse en un tema de agenda política. El Concejo Deliberante de General Pueyrredon aprobó por mayoría una resolución que pone el foco en los cortes de servicios y la reasignación de cápitas a clínicas y sanatorios locales, una movida que busca visibilizar la angustia de miles de jubilados y pensionados.
La iniciativa, impulsada por el bloque de Unión por la Patria, contó con el respaldo de Acción Marplatense, el Frente Renovador y la UCR. En tanto, La Libertad Avanza votó en contra, mientras que el Pro y la Coalición Cívica optaron por la abstención. El texto aprobado remite una copia al Ministerio de Salud de la Nación, en un intento por forzar una intervención que destrabe el conflicto.
El documento no es un simple pronunciamiento simbólico. Recupera la denuncia que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) había realizado semanas atrás, cuando advirtió sobre un supuesto «vaciamiento» del organismo a partir de la baja de cerca de 40.000 cápitas en dos establecimientos privados de la ciudad. Ese dato, sumado a los 120.000 afiliados que dependen del PAMI en Mar del Plata, dimensiona la gravedad del escenario.
Los casos testigo son elocuentes. El Sanatorio Belgrano dejó de atender a los afiliados por problemas vinculados al convenio y al financiamiento de las prestaciones. La Clínica Mar del Plata, ex Hospital Español, atraviesa conflictos por el atraso en el pago de salarios. Y el Hospital Houssay, propio de la red del PAMI, estaría funcionando apenas al 40% de su capacidad, según los argumentos de los concejales.
El impacto de esta crisis no se limita a los afiliados directos. La situación adquiere especial relevancia porque presiona sobre el resto del sistema sanitario. Esta semana, el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) había advertido sobre la falta de camas y la presencia de pacientes en espera de internación, un contexto en el que la Provincia también había señalado un incremento de la demanda sobre los hospitales públicos.
Entre los síntomas más visibles de la crisis, el documento aprobado menciona:
- Demoras para obtener turnos, que complican el acceso a consultas y estudios.
- Dificultades en la provisión de medicamentos, un insumo crítico para los adultos mayores.
- Renuncias de profesionales de la salud, que profundizan la falta de recursos humanos.
- Cierre de clínicas y sanatorios que atendían a los afiliados.
Frente a este panorama, el Concejo Deliberante considera necesario que se adopten medidas para recomponer el financiamiento del sistema de atención del PAMI. El objetivo es garantizar la continuidad de las prestaciones, condiciones laborales adecuadas para los trabajadores de la salud y la provisión regular de medicamentos para los jubilados y pensionados.
Vale aclarar que la resolución no modifica directamente el funcionamiento del PAMI. Se trata de un pronunciamiento institucional del Concejo Deliberante de General Pueyrredon y de un pedido formal de intervención dirigido al Ministerio de Salud de la Nación. La pelota, ahora, queda del lado de las autoridades nacionales.
