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El silencio como castigo
Una profesional de enfermería con más de una década de trayectoria en el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur decidió romper el silencio sobre su experiencia laboral. Su objetivo es simple pero contundente: explicar por qué muchos trabajadores sanitarios optan por guardar secreto ante situaciones de maltrato institucional.
Durante doce años, esta mujer fue parte del equipo del Inareps. Su participación como testigo en un proceso judicial que condenó a un enfermero por abuso sexual y vejaciones contra pacientes con discapacidades neurológicas marcó un punto de inflexión en su carrera. Poco después de su declaración ante los tribunales, fue despedida.
El despido sin justificación
La institución argumentó la finalización del contrato a pesar de sus 12 años de antigüedad, sin sumario previo ni antecedentes disciplinarios. El despido se concretó el 31 de marzo, dejándola sin indemnización, cobertura de desempleo ni protección económica alguna.
La trabajadora subraya un detalle particularmente significativo: «Esperaron que declare en el juicio oral y este año me dejaron sin trabajo». Esta secuencia temporal no parece casual para quienes conocen las dinámicas de represalia laboral.
Las consecuencias económicas y de salud
Como sostén de su familia en un contexto de crisis económica, actualmente se desempeña como monotributista en trabajos precarios. Además, enfrenta problemas de salud derivados de las exigencias físicas de su labor anterior, donde frecuentemente realizaba tareas que excedían su responsabilidad debido a la escasez de personal.
Con asesoramiento legal de la Asociación Trabajadores del Estado, impulsa un reclamo tanto administrativo como judicial, demandando su reincorporación o una indemnización acorde a su situación.
Visibilizar lo invisible
La ex empleada presentó múltiples denuncias ante el Ministerio de Salud, lamentando que la institución continúe operando con normalidad a pesar de las irregularidades documentadas. Fue testigo de presuntos actos de violencia física contra pacientes que, por su condición neurológica, no podían comunicar lo sucedido.
Su mensaje es claro: «Quiero que la sociedad sepa lo que nos pasa a las personas que sí denunciamos». Enfatiza que muchas personas cuestionan la falta de denuncias sin comprender las consecuencias reales que enfrentan quienes se atreven a hacerlas.
El caso que motivó su testimonio
En 2021, un enfermero fue acusado de abusar sexualmente de una paciente de 47 años internada tras sufrir un accidente cerebrovascular. La víctima relató tocamientos, manoseos durante procedimientos médicos y un episodio particularmente grave donde el agresor expuso sus genitales sobre su mano paralizada.
La denuncia, presentada en septiembre de 2021, también documentó malos tratos que ocurrieron en 2017 contra otros pacientes afásicos, quienes no podían defenderse ni comunicar lo sucedido. Los testimonios revelaron:
- Baños con agua fría como castigo
- Expresiones humillantes y degradantes
- Agua arrojada sobre heridas de traqueotomías
- Golpes y movimientos bruscos sobre las camas
El caso escaló al fuero federal debido a que el establecimiento es de jurisdicción nacional. En mayo de 2025, los jueces Roberto Minguillón, Martín Poderti y Roberto Falcone condenaron al enfermero a once años de prisión, además de inhabilitarlo perpetuamente para ejercer su profesión.
Un llamado a la reflexión colectiva
La ex enfermera busca que su relato se viralice y genere conciencia. Su objetivo es que la sociedad comprenda por qué los trabajadores sanitarios frecuentemente temen denunciar, no por falta de coraje, sino por las represalias concretas que enfrentan: pérdida de empleo, inestabilidad económica y deterioro de su salud.
Su historia es un recordatorio incómodo sobre cómo las instituciones pueden castigar a quienes exponen sus falencias, perpetuando un ciclo donde el silencio se convierte en la estrategia de supervivencia laboral.
