Compartir
El Senado de la Nación se encamina a saldar una deuda que arrastra desde hace casi tres décadas. La semana próxima, el oficialismo intentará emitir dictamen sobre el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), un convenio que la Argentina firmó en el siglo pasado, que la Cámara alta aprobó en 1998 y que recién en agosto pasado obtuvo media sanción en Diputados, aunque con una modificación clave: la reserva del capítulo II.
Ese recorte no es un detalle menor. El capítulo reservado establecía que una patente registrada tuviera vigencia de 20 años en todos los países miembros, algo que los laboratorios locales miraban con recelo. Con ese artículo fuera del texto, la pelota vuelve al Senado en segunda revisión, y desde La Libertad Avanza ya anticipan que respetarán lo acordado en la Cámara baja.
“La intención es respetar lo que vino de allá. No queremos problemas con lo que se acordó”, confió un legislador oficialista. La frase cobra peso si se recuerda el episodio de improvisación que se vivió en la última sesión del Senado, cuando algunos dialoguistas recibieron llamados desde la Casa Rosada para cambiar de rumbo a último momento. Aquella vez, ningún teléfono tuvo efecto.
El plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Industria está citado para el mediodía del miércoles 14. Allí se buscará firmar el dictamen que permita llevar el tratado al recinto y cerrar una etapa que lleva casi 30 años de trámite.
Qué implica el PCT en la práctica
El convenio permite a inventores y empresas presentar una única solicitud internacional de patente, lo que simplifica la búsqueda de protección legal en múltiples jurisdicciones. Esa solicitud surte el mismo efecto jurídico que si se hubiera presentado en cada uno de los 158 Estados miembros adheridos.
La adhesión al PCT figura entre los requisitos del acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos, y también entre los compromisos asumidos en el marco de los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea, y entre el Mercosur y la EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).
Durante el debate en Diputados, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, defendió el texto con una analogía simple: “Lo que se hace con el PCT es que tengamos una solicitud única, una mesa de entrada común con los 158 estados partes. Un inventor argentino, en lugar de tener que ir peregrinando por 158 oficinas diferentes, ahora tendrá la posibilidad de hacer una sola solicitud para todo el mundo”.
Los reparos del sector farmacéutico local
La resistencia de los laboratorios nacionales se concentró en dos frentes. Por un lado, advirtieron sobre la proliferación del “evergreening” (reverdecimiento), una práctica de las multinacionales que consiste en empujar cambios menores o modificaciones secundarias en medicamentos ya existentes, sin mejoras terapéuticas reales, para extender de forma artificial un monopolio y bloquear la competencia.
Por otro lado, señalaron que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) perdería soberanía, ya que los informes y dictámenes preliminares emitidos por oficinas de patentes extranjeras o agencias internacionales debilitarían y condicionarían su autoridad.
Al aterrizar en el recinto de Diputados, la iniciativa obtuvo 147 votos a favor y 93 en contra. El debate estuvo marcado por las críticas de la oposición, que alertó sobre posibles riesgos para la soberanía nacional en materia sanitaria y científica.
Esas posturas fueron respondidas por el libertario Nicolás Mayoraz, quien consideró que representaban una visión “que atrasa al país”. Sostuvo que, con el régimen anterior, los científicos argentinos deben afrontar mayores costos y ceder inventiva para registrar una patente, lo que a su juicio constituye el verdadero riesgo para la soberanía.
Un cierre esperado por casi 30 años
Con el dictamen en mano, el oficialismo buscará que el Senado sancione el acuerdo y ponga fin a un trámite que se estiró por casi tres décadas. La pregunta de fondo sigue siendo la misma: cómo equilibrar la inserción internacional con la protección de la industria local y la autonomía sanitaria. El miércoles 14 se sabrá si el camino elegido alcanza para destrabar el debate o si el tratado vuelve a quedar en un limbo legislativo.
