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La Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) vuelve a quedar en el ojo de la tormenta. Esta vez, el conflicto lo protagonizan los acompañantes terapéuticos, un grupo de profesionales que se concentró frente a la sede de la entidad, ubicada en 25 de Mayo e Independencia, para reclamar por el pago de sus prestaciones.
La situación no es nueva, pero sí cada vez más urgente. Natalia Landaburu, una de las referentes del reclamo, fue clara al describir el panorama: más de 300 colegas que facturan para la ex IOFA atraviesan una situación crítica porque no cobran desde junio. Ni siquiera las medidas judiciales que iniciaron lograron destrabar los pagos.
“Hacen circular por los medios y las redes sociales que han pagado, que han derivado fondos, que están al día, y eso es una completa mentira”, disparó Landaburu, visiblemente frustrada. Su testimonio deja al descubierto una brecha entre el relato oficial y la realidad que viven a diario quienes prestan servicios para la obra social.
Pero el impacto no se limita a los prestadores. Los afiliados también sufren las consecuencias de la crisis. Según la profesional, no llegan las medicaciones y muchos de los pacientes afectados son oncológicos o psiquiátricos con cuadros graves. La falta de cobertura pone en riesgo tratamientos sensibles y vulnera derechos básicos de salud.
El costo humano del desfinanciamiento se traduce en números que ahogan a los trabajadores. “Con ese dinero que nos deben, no comemos, no pagamos las tarjetas, los préstamos, el monotributo ni nuestras obras sociales”, resumió Landaburu. La frase condensa una realidad que excede lo económico: habla de profesionales desprotegidos y de un sistema que, al no pagar a tiempo, termina vulnerando también a los afiliados que mes a mes depositan sus aportes y sufren retenciones.
La crisis de OSFA no es un hecho aislado. La entidad atraviesa una profunda crisis financiera a nivel nacional, con una deuda global millonaria y reestructuraciones derivadas del DNU 88/2026. Ese cóctel afecta la atención médica, la entrega de medicamentos y los convenios con prestadores locales.
El antecedente más reciente fue la protesta de estatales que logró descomprimir, al menos parcialmente, una situación que amenazaba con el despido de 177 trabajadores de los hoteles Antártida y Tierra del Fuego. Ahora, la pelota vuelve a estar en el tejido de prestadores que reclaman lo que les corresponde.
El conflicto expone una tensión de fondo: ¿cómo sostener un sistema de salud cuando los pagos no llegan y los relatos oficiales no coinciden con la realidad? Mientras tanto, los acompañantes terapéuticos siguen esperando respuestas concretas y los afiliados, medicamentos que no aparecen.
