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El acceso a la atención médica se convierte en un desafío cuando emergen conflictos entre prestadores y obras sociales. Una jubilada marplatense vivió en carne propia esta realidad al intentar atenderse en un centro de salud privado de reconocida trayectoria en la ciudad.
Nélida Elvira Ojeda, de 61 años, relató su experiencia frustrante. Recién jubilada, decidió utilizar por primera vez su carnet de afiliación a Pami para atenderse en la guardia de una clínica privada. Sin embargo, la respuesta del personal fue desalentadora: le informaron que únicamente atendían casos de urgencia porque la obra social no estaba realizando los pagos correspondientes.
Lo más sorprendente llegó después: le solicitaron un bono de 22 mil pesos para poder acceder a la consulta. La mujer se negó, argumentando que no podía asumir ese costo, pero la respuesta fue invariable: la falta de pagos de Pami justificaba la exigencia.
Ante esta situación, Ojeda decidió buscar alternativas. Su siguiente parada fue otro centro de salud privado, donde le confirmaron que enfrentaban la misma problemática con la obra social. Sin embargo, en esta institución tomaron una postura diferente: rechazaron cobrar el bono porque consideraban que era ilegal hacerlo.
La frustración de la jubilada fue evidente en sus palabras: «Encima que uno es jubilado y no le alcanza la plata, te quieren cobrar 22 mil pesos. No tienen vergüenza». Esta expresión resume la realidad de muchos adultos mayores que dependen de ingresos limitados y enfrentan barreras para acceder a servicios de salud.
Ojeda se dirigió a las oficinas de Pami en el puerto para presentar su reclamo, pero no le admitieron la denuncia. Sin embargo, la derivaron al Hospital Houssay, donde finalmente pudo recibir atención médica sin enfrentar cobros adicionales.
Este caso expone una tensión creciente en el sistema de salud privado argentino: la dificultad de las obras sociales para cumplir con sus compromisos financieros genera presiones sobre los prestadores, que a menudo trasladan estos costos a los afiliados de manera cuestionable. Mientras algunos centros recurren a prácticas que rozan la ilegalidad, otros mantienen una postura más ética, rechazando cobros que consideran abusivos.
