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El debate por el financiamiento de los tratamientos más caros volvió al centro de la escena. En el marco del Congreso Argentino de Salud organizado por la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), el Gobierno nacional ratificó que sigue adelante con la puesta en marcha de la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (Anefits). La noticia, que había quedado en un cono de sombra, reaparece ahora con fuerza en la agenda sanitaria.
El objetivo del organismo es claro: evaluar con criterios científicos y de costo-beneficio qué medicamentos, terapias y tecnologías médicas deben tener cobertura obligatoria por parte de obras sociales, prepagas y el sector público. Un comité de especialistas analizará seguridad, eficacia y relación precio-resultado antes de dar el visto bueno a una prestación.
La urgencia del tema no es casual. Los números que se expusieron en el encuentro de Acami son elocuentes: en la obra social Osdepym, apenas el 2% de los afiliados concentra el 50% del gasto total en remedios. Y a nivel general, la participación de los medicamentos en el gasto sanitario trepó del histórico 14% a más del 40% en la actualidad. Un combo que tensiona la sostenibilidad del sistema y deja menos recursos para el resto de las prestaciones.
Otro de los frentes que busca atacar la Anefits es la creciente judicialización de la salud. Hoy, cuando una financiadora rechaza una cobertura, muchos pacientes recurren a amparos que terminan forzando el pago por orden de la Justicia, incluso en casos donde la evidencia científica todavía está en discusión. La agencia pretende convertirse en una referencia técnica uniforme para ordenar ese laberinto.
Según trascendió y según lo que explicó Germán Daniele, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, el foco estará puesto exclusivamente en terapias de muy alto costo: principalmente oncológicas, autoinmunes y de enfermedades poco frecuentes. Por eso, el impacto sobre la dispensación habitual en las farmacias sería acotado.
Lo que todavía no está definido es cuándo comenzará a funcionar la agencia. Aunque no hay fecha confirmada, el proyecto se consolida como uno de los ejes centrales de la agenda sanitaria nacional. La pregunta de fondo sigue abierta: ¿alcanza con criterios técnicos para garantizar equidad en el acceso a los tratamientos más innovadores y costosos?
