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Un mes ha transcurrido desde el fallecimiento, y la familia mantiene su reclamo activo. Recientemente comparecieron ante la comisión de Salud de la legislatura municipal para presentar su caso y exigir que la institución de cobertura médica asuma responsabilidades por lo ocurrido.
La hija de la paciente expresó sus sospechas sobre la integridad de los registros. «Solicité la documentación y al revisarla encontré inconsistencias preocupantes», manifestó. «Hay discrepancias entre la historia clínica y otros documentos que sugieren posibles modificaciones posteriores», agregó con visible preocupación sobre la veracidad de los antecedentes médicos.
Respecto a su presentación legislativa, se mostró esperanzada. «Fui recibida con respeto y consideración por todos los bloques políticos», señaló, expresando su confianza en que el proceso conducirá a esclarecer los hechos.
Los hechos que originaron la tragedia ocurrieron el 27 de abril cuando la paciente sufrió un evento cardiovascular agudo. Según relata su hija, la institución no contaba con la infraestructura necesaria para atender una emergencia de esa magnitud. «Fue derivada a un establecimiento sin unidad coronaria, a pesar de que su estado era crítico», explicó.
Las condiciones en las que permaneció la paciente fueron descritas como alarmantes. «Se encontraba en estado grave, sin monitoreo electrocardiográfico básico, lo que es fundamental en cuidados intensivos», detalló. «Exigí que fuera trasladada a un centro de mayor complejidad porque su vida estaba en riesgo», recordó.
Posteriormente, la paciente fue trasladada a otra ciudad en condiciones que su familia considera inadecuadas. «Fue intubada sin justificación médica aparente, argumentando que presentaba ansiedad», cuestionó. «Llegó a un estado del cual no había retorno, pero aun así fue sometida a procedimientos invasivos», agregó con frustración.
La familia sostiene que una intervención oportuna mediante cateterismo coronario y colocación de dispositivos vasculares podría haber modificado el resultado. «Si hubiese tenido acceso a estos procedimientos especializados, las probabilidades de sobrevivencia eran significativamente mayores», expresó la hija.
Más allá del aspecto médico, la familia enfrenta consecuencias prácticas del fallecimiento. «Tuve que encargarse de cerrar su vivienda, trasladar sus pertenencias y resolver cuestiones administrativas», relató, describiendo la carga emocional y económica que implica perder a un ser querido bajo estas circunstancias.
El proceso de duelo se ve complicado por las preguntas sin respuesta. «Aún no logro procesar completamente lo sucedido ni tengo claridad sobre si estoy tomando las decisiones correctas», confesó con vulnerabilidad. «Me cuestiono constantemente si mi madre habría deseado que continuara con esta lucha», agregó, reflejando la angustia de quienes buscan justicia mientras procesan una pérdida.
Las críticas se centran en la falta de recursos y personal especializado. La familia sostiene que la ausencia de hemodinamia y de profesionales capacitados fue determinante. «El sistema de derivación falló en identificar la gravedad y en proporcionar alternativas adecuadas», concluyó.
Como expresión de su demanda, se ha convocado a una concentración pública para el 30 de mayo frente a las instalaciones de la obra social, donde familiares y allegados se reunirán para visibilizar el reclamo de justicia y accountability institucional.
