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El Poder Ejecutivo nacional formalizó el arranque del proceso de disolución y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) a través del Decreto 1286/2026, difundido en el Boletín Oficial. La conducción del operativo quedará en manos de un administrador que deberá nombrar el Ministerio de Defensa, según consigna la norma.
El punto que más atención despierta es el futuro del personal. El directorio de la flamante Osfa tendrá la tarea de definir cuántos puestos de trabajo hacen falta para que el organismo funcione y, a partir de eso, determinar qué agentes del Iosfa pasan a la nueva estructura. La decisión se tomará según las necesidades operativas y el régimen jurídico que corresponda a cada trabajador.
Para quienes no logren ser incorporados, el administrador deberá analizar caso por caso la situación laboral y disponer las medidas que estime pertinentes. En paralelo, el personal de Gendarmería Nacional y de Prefectura Naval que estuviera cumpliendo funciones en el Iosfa bajo comisión o adscripción tendrá que volver a su fuerza de origen.
El decreto también prevé que, una vez cerrada la liquidación, Defensa asuma los compromisos y obligaciones pendientes vinculados al personal que no haya sido transferido. Los agentes de planta permanente con estabilidad que queden en situación de disponibilidad seguirán bajo la órbita de esa cartera hasta que se los reubique o se produzca su baja, conforme a la normativa vigente.
La medida se enmarca en una crisis financiera y prestacional profunda de la obra social de los militares. A comienzos de octubre, el Gobierno había comunicado que usaría fondos del Tesoro nacional para saldar una deuda de $210.000 millones con proveedores y prestadores de salud, mediante acuerdos que alcanzan a unos 2.000 acreedores.
Los impagos a clínicas, farmacias, laboratorios, profesionales y proveedores de insumos médicos habían golpeado de lleno la atención de los afiliados. En ese escenario, en septiembre había dimitido el coronel retirado Ariel Guzmán, quien administraba la estructura residual del Iosfa y tenía a su cargo el avance del proceso de liquidación.
El cierre de las farmacias de la obra social ya había encendido las alarmas: desde sectores gremiales advirtieron que unas 230 familias podrían quedarse sin trabajo con esta decisión, mientras que desde ATE estimaron que alrededor de 22 grupos familiares corren riesgo directo. La pregunta que sobrevuela es qué pasará con esos empleados y con la cobertura de los afiliados en un contexto de ajuste y reestructuración.
