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El Senado de la Nación dio media sanción a la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental con un resultado ajustado: 42 votos afirmativos y 21 negativos. La votación no pasó desapercibida y dejó en claro que el tema genera posiciones encontradas. El senador nacional Maximiliano Abad fue una de las voces que se pronunció tras la aprobación y subrayó que esta instancia legislativa debe traducirse en respuestas palpables para quienes conviven con padecimientos mentales y consumos problemáticos, y también para sus familias.
Para Abad, el respaldo a la reforma representa un avance, aunque lejos está de ser la solución definitiva. “Las familias argentinas necesitaban una respuesta frente a los problemas de salud mental”, afirmó, y reconoció que durante años muchas se sintieron sin herramientas para acompañar a sus seres queridos. En esa línea, sostuvo que la media sanción “representa un paso adelante, pero todavía queda mucho trabajo por delante”.
Los ejes que introduce la reforma
El proyecto aprobado incorpora una serie de modificaciones que buscan actualizar el marco normativo vigente. Entre los puntos salientes se destacan:
- Cambios en el régimen de internaciones involuntarias, un aspecto históricamente controvertido dentro de la ley.
- Incorporación de distintos consumos problemáticos, incluidos los vinculados con el juego, una problemática que ganó visibilidad en los últimos años.
- Mecanismos de asistencia financiera para las provincias, con el objetivo de fortalecer la implementación en todo el territorio.
Abad valoró el trabajo parlamentario que permitió pulir el proyecto original del Poder Ejecutivo, especialmente en lo referido a las incumbencias profesionales de la psicología, la participación interdisciplinaria y la previsión presupuestaria. Sin embargo, no acompañó todos los puntos: expresó diferencias con los artículos 23 y 24, vinculados con la continuidad de los hospitales monovalentes, y defendió un modelo de atención basado en redes comunitarias y hospitales generales.
Menos trinchera y más acuerdos
El legislador fue crítico con la forma en que se discutió históricamente la salud mental en el ámbito político. “Durante demasiado tiempo la salud mental fue un tema de trinchera”, planteó, y describió dos posturas enfrentadas: quienes defendían la ley de 2010 como intocable y quienes la responsabilizaban de todos los males. Mientras tanto, agregó, “las familias seguían golpeando puertas sin encontrar respuestas”.
En ese sentido, remarcó que el dolor de una madre que no sabe dónde internar a su hijo “no tiene camiseta política”. Su postura, según explicó, es votar a favor de lo que mejora y decir con claridad lo que no comparte. “Eso es lo que la gente espera del Congreso: menos tribuna y más acuerdos”, sintetizó.
Financiamiento y coordinación, las deudas pendientes
Abad insistió en que las políticas de salud mental necesitan continuidad, financiamiento y coordinación entre Nación, provincias y municipios. A eso sumó la participación de universidades, profesionales, organizaciones sociales y familias. También destacó la importancia de la prevención, la detección temprana y el fortalecimiento de los dispositivos comunitarios de atención.
El senador advirtió que la reforma legislativa, por sí sola, no resolverá las dificultades del sistema. “La salud mental requiere continuidad, inversión y coordinación institucional”, sostuvo, y cerró con un llamado a pasar de las declaraciones a las respuestas concretas: “detrás de cada situación hay una persona y una familia que necesitan que el Estado esté presente”.
La media sanción abre ahora una nueva etapa de discusión. El desafío será transformar los cambios normativos en mejoras reales para quienes hoy buscan atención y no siempre la encuentran.
