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La obra social Pami emitió un comunicado contundente tras conocerse el caso de una jubilada que fue presionada para pagar un bono de 22 mil pesos en una clínica privada de Mar del Plata. Desde la institución aseguraron que los pagos a sus prestadores se encuentran al día en la ciudad y rechazaron categóricamente estas prácticas abusivas.
«Ningún prestador del Instituto puede negarse a atender a un afiliado bajo ninguna circunstancia, ya que esto constituye una falta grave«, expresaron desde Pami en su respuesta oficial. La aclaración fue necesaria luego de que una beneficiaria denunciara públicamente la situación vivida en un establecimiento de salud privado.
El procedimiento para denunciar estas irregularidades es directo: cualquier afiliado que enfrente una negativa de atención o intente de cobro indebido debe acercarse a la agencia de Pami más cercana para formalizar la denuncia correspondiente a través de los canales institucionales disponibles.
La institución reafirmó su compromiso: «Pami continúa trabajando para asegurar el acceso pleno y oportuno a la salud de todos sus afiliados«. Este posicionamiento busca tranquilizar a los jubilados sobre sus derechos y garantías.
El caso que desencadenó la respuesta oficial involucró a Nélida Elvira Ojeda, una jubilada de 61 años que se presentó en la guardia de una clínica privada marplatense. Al llegar, le informaron que solo atendían casos urgentes porque supuestamente Pami no estaba pagando. Cuando intentó acceder a la atención, le exigieron un bono de 22 mil pesos.
Ojeda relató que era la primera vez que utilizaba su carnet de afiliada, recientemente jubilada. La respuesta de la recepcionista la sorprendió, especialmente porque su suegra se atendía en ese mismo lugar sin inconvenientes. «Encima que uno es jubilado y no le alcanza la plata, te quieren cobrar 22 mil pesos. No tienen vergüenza«, expresó con frustración.
La jubilada también se acercó al Hospital Español, donde le confirmaron que enfrentaban la misma situación de presión de Pami, pero aclararon que ellos no cobraban bonos porque consideraban que era ilegal. Esta diferencia de criterios entre establecimientos evidencia la falta de uniformidad en el trato a los afiliados.
Tras visitar la oficina de Pami en el Puerto el miércoles, donde no le admitieron el reclamo, fue derivada al Hospital Houssay, ubicado en la avenida Juan B. Justo al 1700, donde finalmente pudo recibir atención médica sin costo adicional.
Este caso refleja una problemática más amplia que afecta a jubilados en la ciudad. La presión sobre los afiliados para cobrar bonos bajo el argumento de deudas de la obra social es una práctica que vulnera derechos fundamentales de acceso a la salud. La respuesta firme de Pami busca establecer límites claros y proteger a una población vulnerable que depende de estos servicios para su bienestar.
