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Un fenómeno que preocupa a los hogares argentinos es el crecimiento desproporcionado de las cuotas de medicina privada respecto al índice general de precios. Según registros oficiales de organismos de control, en febrero las prestadoras de salud aplicaron incrementos que alcanzaron el 34,5% en términos interanuales, mientras que la inflación se ubicó en el 31% durante el mismo período. Esta brecha de 3,5 puntos porcentuales consolida una tendencia que comenzó tras la desregulación del sector a finales de 2023.
El panorama se torna más preocupante cuando se analiza la evolución acumulada en los últimos 26 meses. Las operadoras de salud registraron aumentos por 312% en total, mientras que el índice de precios al consumidor acumuló apenas 200%. Esta diferencia de 112 puntos porcentuales refleja una estrategia deliberada de las empresas para alinear sus ingresos con el encarecimiento de tecnología médica importada y los acuerdos salariales del personal sanitario.
El impacto en el bolsillo de las familias es tangible y creciente. La participación de la cuota mensual en el presupuesto familiar se ha incrementado notoriamente. Hace un año representaba el 16% del salario registrado promedio, mientras que actualmente alcanza el 18,5%, marcando un aumento de 2,5 puntos porcentuales. Este desplazamiento de recursos hacia la salud privada comprime otros gastos esenciales del hogar.
A diferencia de otros servicios que experimentaron saltos abruptos por la quita de subsidios, las prepagas mantienen una curva de incrementos más constante y predecible. Los aumentos mensuales oscilan entre el 2,4% y el 3,2%, lo que genera una presión sostenida pero menos visible que otros ajustes tarifarios. Esta estrategia de subas graduales permite a las operadoras mantener la base de afiliados mientras erosiona paulatinamente el poder adquisitivo de los usuarios.
El dilema de la sostenibilidad versus la accesibilidad se profundiza en este contexto. Las empresas argumentan que necesitan estos incrementos para garantizar su viabilidad financiera frente a costos operativos crecientes. Sin embargo, los afiliados enfrentan una realidad donde los ingresos reales no acompañan el ritmo de los ajustes, generando presión sobre la tasa de afiliación y forzando a muchas familias a buscar alternativas en el sistema público de salud.
