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El sistema de salud argentino nuevamente expone sus grietas más profundas. Cuando una emergencia médica golpea la puerta, los pacientes no solo enfrentan la batalla contra la enfermedad, sino también contra la burocracia, la escasez de personal y las limitaciones de las obras sociales. Este es el relato de una familia que vivió en carne propia cómo estas deficiencias se transforman en tragedia irreversible.
El lunes 27 de abril, Silvia González, una mujer de 56 años, sufrió un infarto agudo. Inmediatamente fue internada en un hospital de La Plata, donde los médicos determinaron que requería cuidados en una Unidad Coronaria especializada. Lo que debería haber sido un trámite administrativo rápido se convirtió en una pesadilla burocrática. Ioma, su obra social, pasó horas buscando una cama disponible, ofreciendo finalmente un lugar en Berisso, a más de 350 kilómetros de distancia. Ante la imposibilidad de trasladar a una paciente crítica tan lejos, la familia rechazó la propuesta. La obra social, en lugar de resolver adecuadamente, la derivó a un sanatorio con una terapia intensiva precaria.
Las exigencias económicas se sumaron a la negligencia médica. Durante su internación, el sanatorio solicitó que la familia llevara comida desde casa. Pero los problemas no terminaban ahí. El miércoles, informaron que Silvia necesitaba un Eco Doppler en otra institución. La sorpresa llegó cuando comunicaron que tanto el estudio como el traslado debían ser pagados de forma particular, ya que Ioma no los cubría. Una paciente en estado crítico, una obra social que se negaba a financiar estudios esenciales, y una familia desesperada intentando salvar una vida.
Las condiciones de atención fueron alarmantes. Cuando la hija visitó a su madre, encontró un panorama desolador:
- La paciente no tenía monitoreo continuo
- No contaba con vías intravenosas colocadas correctamente
- Presentaba sangre en sus manos y ropa
- Había solicitado asistencia por dolor en la vía, pero no fue atendida
La desesperación se apoderó de la familia. La hija denunció la situación ante la Justicia, logrando presión suficiente para que finalmente autorizaran un traslado a un centro especializado. Nuevamente Berisso apareció como destino, pero esta vez los médicos cancelaron el viaje debido al riesgo extremo que presentaba el estado de Silvia.
El jueves 30 de abril por la mañana llegó una ambulancia equipada. Sin embargo, surgió un nuevo obstáculo: el equipo médico descubrió que la paciente estaba intubada, información que el sanatorio nunca había comunicado. Cuando avisaron a la clínica de destino, la respuesta fue devastadora: la cama ya había sido ocupada. Silvia quedaba nuevamente sin lugar en un centro especializado.
Indignada, la hija regresó a las oficinas de Ioma exigiendo una derivación urgente. Por la tarde, finalmente trasladaron a Silvia a La Plata. Pero cuando llegó, los médicos dieron el veredicto final: la paciente no pasaría la noche. Falleció ese mismo jueves.
El dolor se multiplicó en la soledad. Entre trámites y denuncias, la hija se descompensó. Pidió atención médica pero le negaron asistencia por no contar con autorización de Ioma. Tuvo que retirarse del nosocomio con la salud comprometida, reunir dinero y viajar a La Plata para el funeral de su madre. Nadie más pudo acompañarle en el último adiós. Una muerte que resume, de manera brutal, los problemas estructurales del sistema sanitario argentino: falta de recursos, personal insuficiente, obras sociales en crisis y una burocracia que no salva vidas, sino que las cuesta.
