Compartir
Un paso hacia la modernización con precauciones estratégicas
Las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria de la Cámara de Diputados emitieron dictamen favorable a la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), un acuerdo internacional que el país había suscripto hace más de cinco décadas y que contaba con media sanción legislativa desde 1998. No obstante, el tratamiento introdujo una modificación sustancial que busca resguardar la capacidad evaluadora nacional: la adhesión se realizará con una reserva específica sobre el Capítulo II, vinculado al examen preliminar internacional de patentabilidad.
Esta decisión genera una consecuencia procesal importante: el proyecto deberá regresar al Senado para su ratificación si logra aprobación en la Cámara baja. El respaldo legislativo provino de La Libertad Avanza, diputados de la UCR, Innovación Federal, Provincias Unidas, Independencia, Por Santa Cruz y Adelante Buenos Aires, mientras que la Coalición Cívica y Unión por la Patria presentaron dictámenes de rechazo. Incluso sectores del PRO acompañaron la iniciativa en disidencia, reflejando la complejidad del tema.
Los argumentos a favor: eficiencia y acceso internacional
Juliana Santillán, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, destacó que el tratado permitirá «reducir costos, tiempos y trámites administrativos» para los inventores argentinos. Enfatizó que el PCT «no concede patentes automáticamente, no reemplaza a las oficinas nacionales y no implica resignar soberanía», buscando despejar inquietudes sobre pérdida de autonomía regulatoria.
Desde la Secretaría de Desregulación, Alejandro Cacace defendió la adhesión argumentando que facilitará que los innovadores argentinos realicen una única solicitud internacional sin necesidad de iniciar trámites país por país. Este mecanismo simplificado podría beneficiar especialmente a pequeñas y medianas empresas con capacidad innovadora pero recursos limitados para gestionar múltiples procesos administrativos en el exterior.
Las preocupaciones legítimas: sectores estratégicos en riesgo
La discusión parlamentaria giró fundamentalmente en torno a los posibles impactos en sectores sensibles como la industria farmacéutica y la producción de semillas. Estas áreas generan preocupaciones válidas respecto de cómo un sistema de patentamiento más abierto podría afectar la disponibilidad y accesibilidad de productos esenciales.
Un mecanismo particularmente problemático es el conocido como «evergreening», que consiste en extender artificialmente la duración de una patente mediante modificaciones menores o poco significativas sobre un producto ya existente. En el caso de medicamentos, esta práctica podría traducirse en una prolongación indebida de la exclusividad comercial, retrasando la aparición de versiones genéricas más accesibles o de medicamentos biosimilares y generando un impacto negativo en los precios.
La solución: una reserva que preserva autonomía evaluadora
Ante estos planteos de la industria farmacéutica nacional y otros sectores productivos, el Gobierno aceptó excluir temporalmente el Capítulo II del tratado. Esta modalidad de adhesión condicionada ya fue utilizada por distintos países como Estados Unidos, España, Corea del Sur y recientemente Uruguay, demostrando que se trata de una práctica reconocida internacionalmente.
La reserva permite avanzar de manera gradual y preservar herramientas de evaluación local sobre las solicitudes de patentes, fortaleciendo simultáneamente al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI), máxima autoridad en la materia. Esto significa que Argentina mantendría capacidad de análisis propio sobre qué innovaciones realmente merecen protección y cuáles representan cambios marginales utilizados únicamente para extender privilegios comerciales indebidamente.
Entendiendo el Tratado de Cooperación en Patentes
El PCT reúne actualmente a 158 países y busca simplificar los trámites internacionales de patentamiento. Su objetivo central es permitir que un inventor presente una única solicitud con validez inicial en múltiples jurisdicciones, reduciendo significativamente la carga administrativa y financiera.
Desde el Gobierno se asegura que la adhesión permitirá reducir burocracia y costos para investigadores y empresas argentinas, que actualmente deben realizar presentaciones en el exterior porque el país no cuenta con una oficina receptora habilitada dentro del sistema. Sin embargo, existe una crítica válida respecto del predominio en el sistema de países altamente desarrollados, aspecto que se vincula con el acuerdo comercial impulsado con Estados Unidos.
Un equilibrio pendiente entre innovación y protección
El debate continúa abierto respecto del balance entre facilitar la innovación y proteger el desarrollo de sectores nacionales estratégicos. La adhesión con reserva del Capítulo II representa un punto medio que busca favorecer al país en las decisiones sobre qué productos son realmente aptos para patentar, evitando que mecanismos de extensión artificial de patentes comprometan la accesibilidad de medicamentos o afecten la competencia en sectores clave de la economía argentina.
