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El Consejo Federal de Salud (COFESA) dedicó su segunda jornada mensual a uno de los temas más sensibles del sistema sanitario argentino: la salud mental. El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, encabezó el encuentro en el que se pusieron sobre la mesa los cambios incorporados al proyecto que modifica la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, junto con el intercambio entre las jurisdicciones sobre cómo llevarla a la práctica en cada distrito.
En ese marco, Lugones anticipó que la cartera nacional convocará al Consejo Federal de Salud Mental (COFESAMA) para elaborar el Plan Nacional de Salud Mental y Consumos Problemáticos 2027-2031. La idea es construir criterios de abordaje comunes, pero respetando las particularidades de cada provincia.
Un texto con múltiples voces
El jefe de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud, Roberto Olivieri Pinto, remarcó que el nuevo proyecto es «resultado de diversas instancias de intercambio con las jurisdicciones, especialistas, organizaciones y familiares». El primer borrador se había presentado en la reunión del COFESA de abril y luego llegó al Congreso, donde comenzó a tratarse en las comisiones de Salud y Legislación General del Senado. Allí participaron especialistas, profesionales, familiares y organizaciones de la sociedad civil, cuyos aportes se incorporaron durante la revisión del texto.
Directivas anticipadas y protección de derechos
La directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Liliana González, subrayó que el proyecto busca garantizar la protección de la salud mental con acciones de prevención, tratamiento, rehabilitación e inclusión comunitaria. También deja claro que el padecimiento mental no debe entenderse como un estado inmodificable.
Uno de los puntos salientes es el reconocimiento de las directivas anticipadas: los pacientes podrán consentir o rechazar tratamientos y designar personas de apoyo. «Las directivas del paciente deben ser aceptadas por el equipo interviniente salvo excepción de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros», explicó González.
No más manicomios
El texto ratifica la prohibición de crear manicomios y de llevar adelante prácticas manicomiales. Además, obliga a las instituciones de internación a incorporar al menos dos dispositivos ambulatorios de atención. En materia de adicciones, reconoce que el consumo de sustancias forma parte de los tratamientos de salud mental y fija para niños y adolescentes un abordaje con equipos especializados en dispositivos diferenciados de los de adultos, bajo el principio de no criminalización.
Equipos, teleconsulta y medicación
En cuanto a la atención clínica, cada jurisdicción definirá la conformación de sus equipos interdisciplinarios según los recursos humanos disponibles. El proyecto habilita formalmente la intervención del médico psiquiatra mediante teleconsulta sincrónica cuando no pueda garantizarse su presencia física. También establece que la prescripción de fármacos queda reservada exclusivamente a profesionales médicos y debe realizarse con fines terapéuticos.
Internaciones: excepción, no regla
La internación debe entenderse como un recurso terapéutico excepcional. El proyecto reemplaza el concepto de «riesgo cierto e inminente» por el de riesgo grave de daño como criterio para decidir una institucionalización involuntaria. Cuando se interna a un paciente, se deberá elaborar un plan de egreso desde el diagnóstico inicial y se dispone la intervención de oficio del Órgano de Revisión en internaciones que superen los 180 días. Para evaluaciones de urgencia con un único médico, se permite efectivizar la medida requiriendo su revalidación por un equipo interdisciplinario en un plazo máximo de 48 horas.
Después de la externación
Tras salir de una internación, las personas deberán tener acceso sencillo a consultas ambulatorias y servicios de inclusión social y laboral. El texto menciona atención domiciliaria supervisada, servicios de promoción y prevención, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación laboral. También incorpora una definición más precisa sobre la responsabilidad de la red familiar y del Estado: reconoce el deber de cuidado de determinados familiares, pero aclara que esa obligación no reemplaza el deber estatal de garantizar apoyos cuando no exista red familiar o esta no pueda asumir el cuidado.
En internaciones involuntarias, se faculta la solicitud de medidas protectoras ambulatorias excepcionales de hasta seis meses. González aclaró que en casos severos y judicializados se requerirá el seguimiento de un juez durante ese período para garantizar la adherencia al tratamiento. «Esto no debe ser entendido como la judicialización de la salud mental», enfatizó.
El debate sigue en el Senado
Los ministros provinciales compartieron sus posiciones sobre los cambios y las dudas sobre su implementación local. Como el debate continuará en la Cámara de Senadores, Lugones se comprometió a llevar los aportes y sugerencias de las jurisdicciones para que sean considerados en la continuidad del tratamiento parlamentario.
Del encuentro participaron, entre otros, los ministros de Salud de Buenos Aires, Nicolás Kreplak; de Catamarca, Silvia Barrientos; de Chaco, Ricardo Mayol; de Chubut, Sergio Wisky; de Córdoba, Ricardo Pieckenstainer; de Entre Ríos, Daniel Blanzaco; de Formosa, Juan Carlos Atencia; de Jujuy, José Manzur; de La Pampa, Mario Kohan; de La Rioja, Juan Carlos Vergara; de Misiones, Héctor González; de Neuquén, Martín Regueiro; de Río Negro, Demetrio Thalasselis; de Salta, Martín Monerris; de San Juan, Amílcar Dobladez Zunino; de San Luis, Lucía Nigra; de Santa Cruz, Lorena Ross; de Santa Fe, Silvia Ciancio; de Santiago del Estero, Natividad Nassif; y de Tucumán, Luis Medina Ruiz.
Por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estuvo la subsecretaria de Atención Hospitalaria, Laura Cordero. Por Corrientes asistió el secretario de Coordinación del Ministerio de Salud Pública, Jorge Sladek Uffelmann; y por Tierra del Fuego, el secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios, Javier Barrios. También participaron funcionarios a cargo de Salud Mental de cada jurisdicción y las asesoras de la senadora Patricia Bullrich, Josefina Tajes y Evelin Dorsch.
