Compartir
Avances en la investigación del mayor desastre sanitario argentino
El magistrado federal platense Ernesto Kreplak ha dispuesto nuevas diligencias en las instalaciones donde se producía el fentanilo contaminado de HLB Pharma. Los procedimientos se ejecutaron en dos plantas: Ramallo SA en la localidad bonaerense homónima, y HLB Pharma Group SA en San Isidro. La medida, realizada conjuntamente por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal Argentina, persigue un objetivo específico: catalogar cada máquina y establecer su valor comercial para determinar con precisión los embargos que se impondrán a los 14 acusados en esta causa que ya suma 111 víctimas fatales.
La magnitud del caso ha crecido significativamente desde las primeras indagatorias. Inicialmente se investigaban 20 muertes, pero la investigación reveló 91 fallecimientos adicionales y 49 personas sobrevivientes con secuelas permanentes. Las nuevas declaraciones indagatorias comenzarán en abril, momento en el cual el juez podrá redefinir los montos embargados según la información que emerge del expediente.
Responsabilidades penales y figuras legales aplicadas
Kreplak ha considerado a todos los imputados como presuntamente responsables «prima facie» de delitos graves. Las acusaciones incluyen adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración de medicamentos de modo peligroso para la salud pública, con resultado de muerte. Esta tipificación penal contempla penas que oscilan entre 10 y 25 años de prisión.
La cadena de responsabilidad abarca distintos niveles jerárquicos de las organizaciones involucradas. El principal acusado es el empresario Ariel García Furfaro, propietario de ambas plantas. Junto a él figuran su madre Nilda Furfaro, integrante del directorio, y su hermano Diego García, también con funciones directivas. El resto de los procesados incluye directores técnicos y responsables del control de calidad, es decir, quienes debieron supervisar la producción y garantizar la inocuidad de los medicamentos.
Estructura de embargos preventivos
El juez ya había dispuesto un embargo récord de un billón de pesos sobre García Furfaro como garantía ante futuras responsabilidades civiles y penales. Además, ha establecido embargos diferenciados sobre los demás acusados:
- Diego Hernán García, Nilda Furfaro, Javier Martín Tchukrán y Damián Roberto García: $500.000.000.000 cada uno
- Carolina Ansaldi, José Antonio Maiorano y Adriana Iúdica: $100.000.000.000 cada uno
- Wilson Daniel Pons, María Victoria García, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani y Eduardo Darchuk: $50.000.000.000 cada uno
- Dayana Arzolidys Astudillo Bolívar y Rocío del Cielo Garay: $10.000.000.000 cada una
Tras las nuevas indagatorias, Kreplak deberá mantener, incrementar o reducir estos montos según los elementos que surjan durante los interrogatorios de abril.
Contaminación bacteriana y consecuencias sanitarias
Los estudios realizados por el Instituto Malbrán identificaron en las ampollas la presencia de Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y Ralstonia mannitolilytica, bacterias multirresistentes a antibióticos. El análisis del Cuerpo Médico Forense determinó que estas contaminaciones provocaron la muerte de pacientes o aceleraron significativamente sus fallecimientos tras la administración del potente anestésico.
La exposición a estos microorganismos incrementó considerablemente el riesgo de mortalidad, particularmente en pacientes con cuadros clínicos complejos que requerían medicación anestésica de alta potencia.
Contexto de la tragedia sanitaria
Este caso ya es considerado el mayor desastre sanitario de la historia argentina contemporánea, equiparable en magnitud de impacto a tragedias como la de Once y el incendio de Cromañón. La investigación se tramita bajo el expediente FLP 17371/2025.
Los primeros alertas surgieron el 8 de mayo de 2025, cuando la ANMAT emitió una alerta sanitaria prohibiendo el uso de varios lotes tras detectarse fallecimientos en el Hospital Italiano de La Plata. Desde entonces, la investigación ha revelado un panorama mucho más grave que el inicialmente sospechado, consolidando este caso como un hito en la historia de la seguridad farmacéutica argentina.
