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Una respuesta estatal integral frente a la expansión del juego compulsivo
La administración nacional ha presentado ante el Congreso una iniciativa legislativa destinada a ordenar y regular el mercado de apuestas virtuales, estableciendo límites claros a la publicidad y reforzando mecanismos de protección para menores de edad. Esta propuesta reconoce que la prevención del juego patológico constituye una cuestión sanitaria que requiere abordaje coordinado entre todas las jurisdicciones del país.
El Ministerio de Salud, a través de su Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR), asume un rol protagónico en el diseño e implementación de estrategias preventivas. La cartera sanitaria desplegará programas de sensibilización dirigidos a estudiantes, familias e instituciones educativas, además de capacitaciones para agentes estatales y equipos técnicos. Paralelamente, se impulsarán campañas de comunicación sobre los riesgos del juego compulsivo y se desarrollará investigación epidemiológica para dimensionar el impacto real de esta problemática en la sociedad argentina.
Bloqueo de plataformas ilegales y control financiero
La iniciativa establece mecanismos de coordinación entre organismos clave para obstaculizar el funcionamiento de operadores no autorizados:
- El Banco Central y la Comisión Nacional de Valores supervisarán transacciones y acceso a recursos económicos
- El Ente Nacional de Comunicaciones regulará la difusión de contenidos publicitarios
- El Registro de Dominios de Internet podrá suspender sitios denunciados por operación ilegal
- Las entidades financieras y proveedores de pagos quedan prohibidos de prestar servicios a plataformas no habilitadas
En materia publicitaria, se prohíbe terminantemente la promoción de plataformas ilegales en televisión, radio, espacios públicos y redes sociales. Cualquier medio o creador de contenido deberá verificar la autorización oficial del operador que promociona, bajo pena de sanciones.
Protecciones específicas para menores y sanciones penales
La propuesta establece requisitos tecnológicos rigurosos para plataformas autorizadas: sistemas de verificación de edad efectivos son obligatorios para operar. El Banco Central tendrá facultades para bloquear transferencias de dinero desde cuentas de menores hacia operadores de juegos. Además, la publicidad de plataformas legales no podrá dirigirse a menores ni asociar el juego con logros económicos o sociales.
En el aspecto penal, la iniciativa propone penas de tres a seis años de prisión para quienes exploten o administren sistemas de captación de apuestas sin habilitación. Asimismo, contempla una nueva figura delictiva que sanciona con dos a cuatro años de cárcel a quienes presten servicios financieros, tecnológicos o publicitarios esenciales a operadores ilegales, facilitando su funcionamiento.
Un enfoque multisectorial para una problemática creciente
La propuesta legislativa reconoce que el impacto del juego compulsivo en la salud mental es cada vez más significativo, especialmente entre jóvenes. Por ello, articula acciones preventivas, asistenciales y de concientización con participación de universidades, organismos públicos y entidades especializadas. El objetivo final es reducir los riesgos asociados a esta práctica mediante un marco regulatorio claro, sanciones efectivas para operadores ilegales y protecciones robustas para los sectores más vulnerables de la población.
