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El Concejo Deliberante de General Pueyrredon dio luz verde este jueves a la creación de la Mesa Interdisciplinaria de Abordaje al Consumo Problemático, un ámbito pensado para nuclear a diferentes organismos e instituciones con el objetivo de coordinar políticas de prevención, atención y acompañamiento frente a las situaciones de consumo problemático en Mar del Plata y Batán.
La propuesta fue motorizada por la concejala Gabriela Azcoitía, del bloque UCR + Nuevos Aires, y dispone que la Secretaría de Salud municipal funcione como autoridad de aplicación. El expediente ya había cosechado un dictamen unánime en la Comisión de Salud y contaba con el visto bueno del Departamento de Salud Mental del Municipio, que venía reclamando una mirada interdisciplinaria y multisectorial sobre esta problemática.
Según establece la norma sancionada, la composición de la Mesa no es taxativa: la autoridad de aplicación tendrá la potestad de fijar los criterios de convocatoria, acreditación y participación. Entre los posibles integrantes aparecen representantes de la Secretaría de Salud, el Servicio Municipal de Atención a las Adicciones, las áreas de Desarrollo Social y Educación, y los distintos bloques del Concejo Deliberante.
También se prevé la participación de referentes técnicos de universidades públicas y privadas, la Región Sanitaria VIII, el Centro Provincial de Salud Mental y Consumos Problemáticos, organismos nacionales y provinciales con injerencia en la materia, y los servicios de Salud Mental de los hospitales Interzonal General de Agudos y Materno Infantil. La convocatoria podría extenderse además a organizaciones de la sociedad civil con trayectoria en el tema, colegios profesionales del ámbito de la salud e instituciones religiosas.
Un diagnóstico para saber dónde estamos parados
Uno de los objetivos centrales que fija la ordenanza es elaborar un diagnóstico de los consumos problemáticos en General Pueyrredon. Para lograrlo, la Mesa deberá relevar los recursos públicos y privados disponibles para la atención, identificar los distintos niveles de complejidad y modalidades de tratamiento, analizar la población alcanzada y determinar la capacidad operativa y los criterios de accesibilidad de los dispositivos existentes.
A su vez, tendrá que evaluar los resultados de los programas vigentes y, cuando corresponda, proponer una reorientación de los servicios. Otro de los puntos neurálgicos será identificar las barreras administrativas, económicas e institucionales que traban el acceso a la atención.
La norma también contempla el diseño de propuestas para mejorar el acceso a los recursos y tratamientos, y busca eliminar trabas burocráticas para aquellas personas que necesitan asistencia y no cuentan con cobertura social.
Prevención y mirada comunitaria
Entre las funciones del nuevo espacio aparece el desarrollo de estrategias de prevención y promoción de la salud mental, con especial hincapié en niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad. La ordenanza plantea impulsar acciones intersectoriales para la detección temprana y el fortalecimiento comunitario, además de fomentar la creación de redes barriales y culturales que operen como agentes preventivos.
En sus fundamentos, el proyecto sostiene que existe una brecha entre las personas que atraviesan situaciones de consumo problemático y quienes efectivamente acceden a tratamientos, con mayores dificultades para los sectores golpeados por la pobreza y la exclusión social.
También propone avanzar hacia modelos de atención integrales y comunitarios, en sintonía con los principios de la Ley Nacional de Salud Mental y el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos.
Por último, la Mesa deberá elaborar informes periódicos sobre la situación de los consumos problemáticos en el distrito y los avances en las metas propuestas. Esos informes, además, deberán difundirse públicamente para que la comunidad pueda conocerlos.
