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Un marco legal que necesita actualizarse
Después de una década y media desde su reglamentación, la Ley Nacional de Salud Mental enfrenta desafíos significativos en su aplicación territorial. El Poder Ejecutivo prepara una iniciativa legislativa para presentar ante el Senado que busca modernizar los mecanismos de atención y resolver las dificultades concretas que han surgido en la práctica asistencial del país.
El diagnóstico es claro: apenas 16 jurisdicciones han adherido formalmente a la ley vigente, mientras que solo 18 provincias cuentan con hospitales generales equipados con servicios de salud mental y apenas 20 disponen de camas para internación. Esta fragmentación del sistema genera inequidades graves, especialmente en regiones con menores recursos económicos, donde los pacientes enfrentan barreras importantes para acceder a tratamientos especializados.
Redefinición de la capacidad de internación
Una de las propuestas centrales es reorganizar la estructura de internaciones según el nivel de complejidad de cada caso. El proyecto plantea:
- Permitir internaciones en hospitales generales para cuadros leves
- Reservar instituciones especializadas para trastornos severos
- Evitar que pacientes complejos reciban atención inadecuada en centros sin recursos suficientes
Esta estratificación responde a una realidad concreta: muchos hospitales generales carecen de infraestructura y personal capacitado para atender situaciones psiquiátricas graves, lo que compromete la calidad del tratamiento y la seguridad del paciente.
Nuevos criterios para evaluar el riesgo
La normativa actual establece que las internaciones involuntarias solo proceden ante un «riesgo cierto e inminente» evaluado en el momento de la consulta. Sin embargo, este enfoque resulta limitado porque no considera el contexto histórico del paciente ni su evolución previsible si no recibe tratamiento.
La reforma propone implementar un criterio situacional más comprehensivo que incluya antecedentes recientes de conductas riesgosas y la trayectoria probable del cuadro. Esto permitiría intervenciones preventivas en contextos de crisis, evitando que situaciones potencialmente graves se aguden.
Fortalecimiento de la evaluación clínica
Otra modificación relevante es la participación obligatoria de un médico psiquiatra en todas las evaluaciones que determinen internaciones involuntarias. El esquema actual no exige esta participación, lo que ha generado confusiones entre cuadros médicos generales y problemáticas exclusivamente psiquiátricas.
Con esta exigencia se busca garantizar diagnósticos más precisos y reducir el riesgo de errores clínicos que comprometan la calidad de la atención.
Procedimientos más ágiles y seguros
El proyecto también introduce cambios en los tiempos de actuación:
- En urgencias, el médico puede indicar internación involuntaria, que debe ser ratificada por equipo interdisciplinario dentro de 24 horas
- Se extiende de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial
- En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta y su capacidad está comprometida, puede convertirse en involuntaria con notificación a la justicia
Mantener la internación como último recurso
A pesar de estas ampliaciones, la reforma reafirma que la internación sigue siendo un recurso excepcional. Las modificaciones no buscan aumentar indiscriminadamente las hospitalizaciones, sino dotar al sistema de herramientas más precisas para identificar cuándo realmente son necesarias.
En conjunto, estas transformaciones apuntan a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario, mejorar la coordinación entre dispositivos de atención y garantizar intervenciones oportunas y efectivas ante situaciones de riesgo. La propuesta se inscribe en una política sanitaria integral que busca equipar al país con mecanismos más eficaces para abordar problemáticas complejas de salud mental.
